La Superintendencia de Sujetos No Financieros se enfrenta al gran desafío de regular y supervisar en temas de prevención de blanqueo de capitales a un amplio abanico de actividades económicas del sector no financiero.
Tradicionalmente, el sector financiero ha estado sometido a mayores regulaciones en materia de prevención, pero también hay riesgo de lavado de capitales en otros sectores de la economía.
Con la intención de reforzar el marco institucional de prevención, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros dejó de ser una unidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para convertirse en una Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF).
La ley fue aprobada en enero de 2020 y en abril, Víctor Delgado tomó posesión como superintendente. En una entrevista con este diario, el regulador señaló que desde entonces se ha ido ejecutando el proceso de descentralización de la superintendencia, con las complejidades añadidas por la pandemia del nuevo coronavirus.
La entidad aún tiene cierto vacío institucional, puesto que su junta directiva no ha sido nombrada por completo, como ha cuestionado el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, José Ramón Icaza.
El directorio está funcionando con los tres miembros del sector público, mientras que faltan por nombrar dos representantes del sector privado. Consultado al respecto, Delgado dijo que a inicio de año hubo un cambio en la composición de la directiva y que las ternas propuestas por el sector privado se han remitido al Ejecutivo, instancia responsable de hacer los nombramientos.
En el plano operativo, la entidad cuenta con 60 funcionarios para supervisar a una gran variedad de sectores, entre los que se encuentran las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico y otras zonas francas; casinos y juegos de azar; empresas promotoras y agentes inmobiliarios; constructoras; empresas de transporte de valores; casas de empeño; empresas que comercializan metales preciosos; compraventa de autos; firmas de abogados y de contadores públicos autorizados que se dediquen a actividades como compraventa de inmuebles, administración de dinero o valores, creación o administración de personas o estructuras jurídicas y compraventa de estructuras jurídicas, entre otras.
El abanico es amplio. Además, como señala Delgado, dentro de los mismos sectores hay diferencias, ya que puede haber sujetos obligados que sean grandes firmas de abogados o abogados que ejercen de manera independiente.
En la actualidad, hay alrededor de 8,000 sujetos obligados registrados, y todavía el regulador estima que su alcance debe ser mayor.
Aunque reconoce que sería conveniente tener más recurso humano, también apunta al fortalecimiento de las herramientas tecnológicas y al hecho de hacer una supervisión enfocada en riesgos para optimizar los recursos.
La recomendación internacional, que aplica tanto para el sistema como para las empresas, consiste en hacer análisis de las actividades y enfocar la mayor cantidad de esfuerzos a los grupos con mayor nivel de riesgo.
Una de las primeras obligaciones legales que tienen los supervisados es precisamente registrarse ante la SSNF.
Delgado explica que, además, deben hacer un manual de supervisión, con los controles internos necesarios para gestionar el riesgo; aplicar la debida diligencia e identificar al beneficiario final de los clientes; así como hacer los reportes de transacciones en efectivo o de operaciones sospechosas cuando corresponda.
Deben también conocer el perfil de los empleados, especialmente de los que tengan una función sensitiva en las transacciones, y capacitarlos.
Más allá del cumplimiento normativo, lo que se persigue es que haya un entendimiento de los riesgos y los controles efectivos.
Delgado asegura que “debemos hacer que el sistema vaya madurando, tanto la misma institución, como los sujetos obligados no financieros”. Aunque defiende que hay avances, también reconoce que queda camino por recorrer.
Una de las tareas de la entidad es supervisar que los sujetos obligados cumplen los mandatos legales y para esto se efectúan supervisiones, tanto en sitio como a distancia.
Entre enero y mayo se han efectuado 237 supervisiones. El regulador compartió que entre 2018 y 2020 se han impuesto 26 sanciones a sujetos obligados no financieros por un monto total de $862,000.
Mientras que en 2021, hasta el momento, no se han impuesto sanciones. Al respecto, Delgado señaló que 2020 fue un año irregular con cuarentenas y con los sectores cerrados por varios meses, situaciones que “afectaron los procesos de supervisión y la generación de casos. Esperamos en este año retomar el ciclo de normalidad de nuestros procesos”.
Registro privado de beneficiarios finales
Una de las funciones de la Superintendencia será la administración del registro privado y único de beneficiarios finales. Aunque la ley que crea el registro se aprobó en marzo del año pasado, la herramienta aún no ha sido creada.
Un registro de beneficiarios finales ayudará a las autoridades a conocer quiénes son los verdaderos dueños de las sociedades anónimas.
Delgado dijo que aunque no exista la herramienta, la Ley 23 de 2015 obliga a identificar al beneficiario final y esto es algo que se está pidiendo en las supervisiones que realiza la entidad.
Sobre los tiempos para la creación de la base de datos, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconocieron que se ha producido un atraso, en parte porque se había establecido un plazo de seis meses para implementar el sistema y reglamentarlo, una meta que resultó no ser realista, según reconoció Darma Romero, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF.
Romero señaló que Costa Rica demoró cinco años en implementarlo y Bélgica fue uno de los más rápidos y lo hizo en dos años.
Además, explicó que la recomendación del Grupo de Acción Financiera al respecto no es la creación de un registro de beneficiarios finales, sino de tener acceso a la información veraz y actualizada de forma oportuna y el registro centralizado es un mecanismo para cumplir la recomendación.
Un paso previo a la creación del registro es que los agentes residentes tengan información veraz y actualizada sobre los beneficiarios finales. Esta es una obligación que ya tienen los agentes residentes y que, según las autoridades, se está fiscalizando, porque “si creas un registro, pero la información no es veraz y actualizada, el registro no sirve de nada”, sostuvo Romero.
