La decisión del gobierno argentino de expropiar Vicentín, una de las grandes empresas agroexportadoras del país, revive temores entre empresarios e inversionistas, justo cuando el Ejecutivo de Alberto Fernández intenta reestructurar $66,000 millones de deuda con acreedores del exterior.
Cuarto mayor vendedor de cereales y aceites de Argentina, con un volumen anual de negocios de unos $3,000 millones, la casi centenaria Vicentín está en bancarrota y se declaró en cese de pagos y convocatoria de acreedores en diciembre. Su deuda asciende a unos 1,300 millones de dólares.
El lunes, Fernández anunció la intervención por decreto de esta firma fundada como empresa familiar, y la intención del gobierno de expropiarla mediante una ley que deberá aprobar el Congreso.
La medida hizo estallar la polémica.
“No estamos expropiando una empresa próspera, estamos expropiando una empresa en quiebra”, justificó el mandatario de centro-izquierda, al aseverar que se trata de rescatar a una compañía con más de 2,000 empleados y 2,600 productores “varados”.