Un exceso de invertencionismo estatal en sectores de la economía ya regulados puede causar el efecto contrario al que se busca con esas intervenciones, que suelen atender a motivos más populistas que técnicos.
Esta es una de las principales conclusiones que se pueden extraer del foro “Gestión pública, una transición hacia un Estado facilitador”, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.
La pandemia del nuevo coronavirus y las fuertes restricciones impuestas por Gobierno impactaron los ingresos familiares y ese fue el caldo de cultivo para algunas iniciativas legales en sectores como la banca y la educación privada, que se presentan como soluciones para las familias, pero que pueden resultar en lo contrario.
En el caso del sector bancario, existe una propuesta legislativa para poner límites a las tasas de interés y volver a instaurar el delito de usura.
Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), señaló en el foro que el control de tasas y el delito de usura ya existieron hace años en Panamá y que ese era uno de los motivos por los que las tasas de interés eran más altas y la oferta de crédito más limitada que en la actualidad. Cuando se liberaron las tasas y los controles de usura, se produjo una fuerte expansión del crédito.
Otro ejemplo de intervención estatal, que sí fue aprobado, es la moratoria bancaria que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Berguido dijo que parte de la fuerte contracción de la economía en 2020 se explica por la restricción del crédito, que estuvo alentada por una ley que permitía a los clientes dejar de pagar sus compromisos.
La moratoria por ley expiró en diciembre pasado y hasta el 30 de junio sigue vigente un acuerdo regulatorio para que bancos y clientes afectados renegocien los préstamos y encuentren soluciones de largo plazo.
En ese sentido, Otto Wolfschoon, vicepresidente ejecutivo de Global Bank, invitó a los clientes a que se acerquen a los bancos, independientemente de su situación. Aunque no perciban aún ingresos, es importante que exista esa comunicación para demostrar que uno tiene la voluntad de cumplir con el compromiso.
Educación
En el caso de la educación, la Asamblea llegó a aprobar el proyecto de ley 508 que ordenaba descuentos para la educación particular, aunque fue objetado totalmente por el presidente Laurentino Cortizo.
Adriana Angarita, miembro de la junta directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y Gastón Faraudo, presidente de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares de Panamá expusieron sobre la estructura, las regulaciones de la educación privada y las presiones económicas que están sufriendo en el marco de la pandemia.
Explicaron que aunque la educación se haga de manera virtual, el principal gasto de un centro educativo es el personal, que sigue trabajando aunque las clases se den a distancia.
Además, ha habido un trasvase de estudiantes a escuelas oficiales y los niveles de morosidad han subido por las dificultades económicas de las familias. Faraudo señaló que los descuentos se ofrecen de acuerdo a la situación de cada escuela.
En ese escenario, la sobreregulación y la imposición de descuentos podría poner en riesgo la viabilidad financiera de las escuelas, afectando en un primer momento la calidad de la educación que imparten y en última instancia hasta su continuidad.
