Tras 30 años de expansión del empleo, Panamá perdió 15% de sus puestos de trabajo, unas 289 mil empleos durante 2020. Si a esto se le suman los 777 mil empleos informales no agrícolas, y el crecimiento de la planilla estatal, estamos ante el peor episodio de destrucción de empleo formal de la historia, así como una peligrosa precarización y estatización laboral.
Este fue el diagnóstico que dio el consultor empresarial René Quevedo, en la mesa técnica del diálogo de la Caja de Seguro Social (CSS) que intenta proponer un mecanismo para incluir como cotizantes a los trabajadores informales, con lo cual podrían tener cobertura médica y aspirar a una jubilación, en el sistema público de pensiones .
Quevedo, especialista en programas de inclusión laboral, fue invitado al diálogo donde habló sobre la evolución, situación y perspectivas del mercado laboral, destacando que el 85% de los trabajos perdidos hace un año son urbanos, una situación lamentable “en el sexto país más desigual del mundo”.
Alertó que esta pérdida de empleo y el protagonismo de la informalidad plantean un enorme reto a futuro, en especial para los jóvenes y los profesionales que no encuentran oportunidades laborales en el país.
Se habló de dejar de estigmatizar a los informales, bajo el concepto de que se trata únicamente de buhoneros o mano de obra poco calificada, cuando en el 218 se graduaron 32 mil 709 estudiantes de las universidades y de ellos, solo 1,957 encontraron trabajo, muchos en la modalidad de emprendimiento.
Algo que llamó la atención de la sala fue el extenso y abarcador concepto de informalidad que se utiliza en el país, que es el propuesto por la Organización Mundial de Trabajo.
La clasificación de trabajadores informales incluye a los empleados de la empresa privada sin contrato de trabajo, trabajadores independientes, patronos cuyas empresas cuenten con menos de cinco empleados, personas que prestan servicio doméstico y trabajadores familiares.
Algunos de estos informales no pagan impuestos y tampoco cotizan en la seguridad social, pero otros sí cumplen con los respectivos pagos, por lo que el economista Manuel Ferreira, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada en la mesa técnica del diálogo, se refirió a la necesidad de tener una data depurada de ambos casos para conocer el perfil de los trabajadores y poder ofrecer los incentivos con el fin de hacer atractiva su inclusión como nuevos cotizantes en la CSS.
Ferreira dijo que será una tarea compleja encontrar esos incentivos, ya que muchos jóvenes podrían pensar “para qué convertirme en afiliado de la CSS”, cuando pueden ahorrar por cuenta propia.
En una futura fase de análisis, la mesa técnica discutirá las propuestas que se presentarán a la plenaria que luego elaborará un borrador de reformas a la CSS que entregará al Órgano Ejecutivo.
Efecto del cierre de la economía
Las restricciones impuestas en los primeros meses del año pasado para contener la pandemia del nuevo coronavirus tuvieron un fuerte impacto en el mercado laboral. 70% de los empleos en Panamá son presenciales, por lo que las cuarentenas y toques de queda tuvieron un “efecto devastador”, dijo Quevedo.
Esta idea la confirma al especificar que 3 de cada 4 empleos perdidos estuvieron en los sectores más sensibles a las restricciones de movilidad, concretamente, comercio, agricultura, construcción, turismo y logística, que en conjunto aportan más de la mitad de la fuerza laboral del país.
“289 mil empleos menos, en una economía que genera 45 mil empleos anuales de acuerdo con el promedio de 2014 a 2019, implica que tomará por lo menos 6 años recuperar las plazas de trabajo perdidas en el 2020”, reiteró.
Desde marzo de 2020 hasta abril de 2021, los trabajadores en suspensión laboral, reducción de jornada y terminación de contrato -luego de ser reactivados- dejaron de recibir la suma de $1,935.7 millones, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
Esto se vio reflejado en la cuota que pagan conjuntamente trabajadores y empresas y con la cual se financia los programas que maneja la CSS, a cargo del sistema de pensiones y servicios de salud. La entidad dejó de percibir aproximadamente $460.7 millones.
