La parálisis en la que se ha visto sumida la economía, con un periodo de casi seis meses de inactividad, el debilitamiento del consumo y la caída del empleo, se refleja directamente en la capacidad de los clientes bancarios de pagar sus deudas.
Esta es una realidad tanto para personas como para empresas, que han visto disminuir o hasta extinguir sus ingresos recurrentes.
Con la entrada en vigor de la Ley 156 de 2020, que estableció una moratoria bancaria hasta el 31 de diciembre, se puede ver el alcance de lo que ocurre.
La cartera de consumo, en la que se encuentran las hipotecas, las tarjetas, los préstamos personales y los de autos, reporta la mayor cantidad de créditos modificados.
Los créditos de consumo representan específicamente el 56% de la totalidad de los préstamos denominados como “modificados”, porque se han dejado de pagar o se abonan con cuotas mensuales mucho más bajas que las pactadas originalmente.
Reactivación en marcha
El sector de la construcción, que ha logrado reactivar a un poco más de 10 mil trabajadores desde que se ordenó su reapertura gradual a partir del pasado 15 de septiembre, mantiene préstamos modificados con la banca por $3,444 millones, de acuerdo con información de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Al mes de julio, este sector mantenía un saldo de $6,100 millones con los bancos de la plaza.
Jorge Lara, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), espera que conforme se recupere la actividad, así mismo se vayan normalizando todos sus compromisos.
Esto implicaría el llamado de más de 40 mil obreros en los proyectos que estaban en marcha antes de la pandemia y que ahora intentan retomar su ritmo, tanto administrativo como financiero.
A la fecha, hay créditos modificados que totalizan $26,862 millones en el sistema bancario. De esta suma, la cartera de consumo acumula $15,194 millones y la corporativa, $11,668 millones.
Con respecto a lo reportado hace una semana por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), en el monitoreo de todo el sistema se reportó una disminución de 10,218 créditos modificados, para un total de 890,312 créditos en estatus especial.
Esto representó una baja de $1,066 millones, principalmente por pagos que se han efectuado en la cartera de consumo y préstamos de las grandes empresas en al menos dos bancos que concentran importantes saldos crediticios.
Aprobada la ley de moratoria, el cliente que quería acogerse a ese beneficio debía acreditar su afectación económica ante su entidad bancaria, pero también podía llegar a un acuerdo para hacer pagos parciales de sus compromisos antes de fin de año.
La ley fijó que una vez concluida la moratoria, el cliente y el banco deberán establecer los mecanismos para que el deudor retome sus compromisos, a través de un prorrateo o de refinanciamiento, sin que se puedan aplicar recargos por mora u otros pagos en concepto de gastos administrativos.
Los clientes y los bancos estarán por entrar a un terreno minado de incertidumbre cuando finalice el próximo trimestre, y con ello el año 2020, ya que tendrán que encarar dichos acuerdos de pago, con la proyección de un 25% de desempleo en el país, lo que se traduce en unas 500 mil personas sin trabajo formal.
La principal inversión de una familia es la compra de una casa. Los préstamos hipotecarios que han resultado modificados a raíz de la crisis económica suman $10,387 millones, sobre la totalidad de una cartera cuyo saldo al mes de julio era de $17,943 millones.
En el terreno inmobiliario se empieza a notar con más frecuencia letreros que dicen “se alquila”, con los que se ofrecen apartamentos y casas recientemente ocupadas por sus propietarios, quienes ahora intentan conseguir a un arrendatario que represente una nueva fuente de ingreso para pagar el compromiso bancario.
En esos casos, hijos que habían creado sus propias familias han vuelto a casa de sus padres como parte de los cambios y ajustes radicales que hacen en sus presupuestos.
La moratoria supone el aplazamiento de los pagos, pero no la condonación del capital ni de los intereses.
Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, ha reconocido que frente a la profunda crisis económica que enfrenta el mundo y todos los sectores, los bancos enfrentan la realidad de que un número importante de los préstamos de empresas y personas no podrán ser recuperados.