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FINANZAS PÚBLICAS

El presupuesto de 2021 prevé ingresos similares a los de 2014

La economía se recuperará el próximo año y crecerá un 4%, según la estimación del Gobierno, pero habrá que recurrir a mayor contratación de deuda para cubrir las necesidades de gasto.

El presupuesto de 2021 prevé ingresos similares a los de 2014
Dentro de la distribución del gasto por sectores para el próximo año, la mayor asignación es para salud, con $3,623 millones. Pastor Morales

El desplome de la economía provocado por la pandemia del nuevo coronavirus provocará una caída en los ingresos corrientes de este año superior a los $3,000 millones, llevando la recaudación a niveles de hace nueve años, comentó ayer a este diario Carlos González, director de Presupuesto de la Nación.

El año que viene se proyecta una recuperación de la economía de 4% y por lo tanto los ingresos repuntarán, pero no llegarán a niveles cercanos a los registrados en los últimos años, sino que serían comparables a los obtenidos en 2014.

En concreto, los ingresos corrientes del Gobierno Central sumarían $6,949 millones en 2021, mientras que en 2014 los ingresos en efectivo (sin contar con documentos fiscales) totalizaron $6,927 millones.

El ingreso del Gobierno Central es uno de esos indicadores que se toma como referencia para la elaboración del presupuesto general del Estado, por su nivel de incidencia en el balance del año. El proyecto de ley para el presupuesto de 2021 fue presentado ayer a la Asamblea Nacional por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.

Además de los ingresos del Gobierno Central, el presupuesto contempla también las cuentas de las instituciones descentralizadas, que incluye a secretarías, autoridades y la Caja de Seguro Social, y de los intermediarios financieros, como los bancos estatales.

El presupuesto general del Estado para 2021 asciende a $24,088.9 millones, un 3.3% más que el aprobado por ley para este 2020. Fue aprobado por el Consejo de Gabinete el pasado miércoles y con su presentación en la Asamblea inicia el trámite legislativo.

De todo el aparato estatal, la parte que está regulada por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal es el sector público no financiero, que incluye principalmente a las instituciones de Gobierno Central y las entidades descentralizadas. Ese grupo de entidades tendrá un presupuesto de $18,962.4 millones, un incremento de $635.1 millones en comparación con la vigencia actual.

La caída de los ingresos no será correspondida con una reducción en el gasto público. “Los gastos tienen una dinámica que no pueden ser ajustados a ese mismo ritmo”, comentó González.

El gasto corriente del sector público no financiero está marcado por desembolsos crecientes en planilla, con leyes especiales que obligan a ajustes salariales, programas de subsidios, así como los inelubibles intereses generados por la deuda.

“En los últimos 10 años, la deuda pública y los subsidios se triplicaron, mientras que la planilla se incrementó 2.7 veces”, dijo el ministro Alexander.

Más margen de maniobra habría en los gastos de inversión, pero según González, “en la situación que vivimos no es recomendable llevar el plan de inversiones a cero”, por el choque que se generaría en una economía que ya está deprimida.

El presupuesto de 2021 prevé ingresos similares a los de 2014
Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas. Archivo

Así, según el propio director de Presupuesto, “la solución de la ecuación es un mayor financiamiento con recursos externos, porque Panamá no tiene autonomía monetaria ni capacidad de emitir papel moneda”.

Esto hará que el nivel de déficit establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal sea ampliamente superado tanto en 2020 como en 2021, algo que está permitido por la propia ley en el caso de una emergencia nacional.

Para 2021, la ley establecía un límite de déficit fiscal de 2.5% sobre el producto interno bruto (PIB). González adelantó que si el presupuesto de 2021 se ejecuta al 100%, se elevaría el resultado del déficit fiscal en casi tres veces, entre 6% y 7%, es decir, a más de $4,500 millones.

Aunque sean niveles más altos de lo previsto antes de la pandemia, cuando se compara con otros países de la región y con la visión de las calificadoras, las cifras “no asustan”, según González.

No obstante, dijo que “se debe ser disciplinado para no excedernos en la ejecución de ingresos y gastos y tener cierto control en el nivel de endeudamiento, que este y el próximo años van a ser importantes”.

En ese sentido, otro indicador que se toma como referencia para calibrar el nivel de endeudamiento de un país es la relación entre la deuda y el tamaño de la economía o PIB.

La Ley de Responsabilidad Social Fiscal establece como objetivo no vinculante un 40%. Ese umbral fue superado el año pasado, cuando la relación deuda/PIB sobrepasó el 46%.

Este año, debido a la notoria caída de ingresos y la mayor contratación de deuda, varias proyecciones apuntan que se sobrepasará el 50%, aunque en el MEF esperan a conocer los datos de ingresos del tercer trimestre para hacer una proyección más certera, mientras que para 2021 se aspira a terminar por debajo del 60%.

González dijo que, debido a la crisis, hay cierta tolerancia por parte de organismos internacionales y calificadoras de riesgo. No obstante, después de 2021 esa gabela se irá cerrando y las organizaciones exigirán “un plan razonable de cómo y cuándo llegaríamos a entrar de nuevo en una línea de sostenibilidad o consolidación del déficit”.

Gasto por sectores

Dentro de la estructura de gasto del Gobierno para el próximo año, $3,623 millones serán para el sector salud, incluyendo el presupuesto del Ministerio de Salud, de los programas de salud de la Caja de Seguro Social, el Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales y el Instituto Conmemorativo Gorgas, entre otros; $2,948 millones para educación, donde destaca la asignación para el Ministerio de Educación, las universidades públicas y el Ministerio de Cultura, entre otros; $2,765 millones serán para protección y seguridad.

De igual forma, para infraestructuras se han destinado $1,618 millones, destacando las asignaciones para el Metro de Panamá, proyectos de carreteras, el aeropuerto internacional de Tocumen, la Empresa Transmisión Eléctrica (Etesa) y Mi Bus.


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