De alguna forma u otra, ya la reapertura se inició. La primera fase se encuentra en curso, y entre tumbo y tumbo, la burocracia estatal trata de ponerse a tono. El gran problema es la arbitrariedad.
El cierre de la mayoría de los negocios y comercios en Panamá, junto con la cuarentena total, están fundamentados en el Código Sanitario. Curiosamente para reabrir la economía, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, han tenido que crear precedentes, casi jurisprudencia, para funcionar. Por ejemplo, el Minsa y el Mitradel suscribieron un acuerdo interinstitucional, que estableció el marco de referencia para que las empresas pudieran reabrir. De ese acuerdo surgieron los comités de la Covid-19 en cada empresa. Estos comités están fundamentados sobre los Comités de Salud Ocupacional establecidos por la Ley 51 del 2005, pero estos últimos son jurisdicción de la Caja de Seguro Social.
Los comités deben vigilar la implementación y la capacidad de respuesta de cada negocio frente al riesgo sanitario. Los protocolos de cumplimiento, divulgados en la página web del Minsa, parecen lógicos y de fácil cumplimiento. Sin embargo, la interpretación de los inspectores de los distintos ministerios, puede prestarse a abusos y a generar nueva incertidumbre.
A medida que se abran más sectores económicos, la complejidad de la normativa puede crecer, por lo que su implementación debe ser más clara. El diseño de la normativa sanitaria y de seguridad ocupacional, debe estar fundamentado en el sentido común. Por ejemplo, fijar arbitrariamente un horario de servicio para el reparto de mercancías, vendidas en ferreterías por vía del internet, muy distinto a las reglas aplicables a los supermercados, no tiene mucho sentido lógico. El hecho de que una actividad esté abierta, no significa que funcionará si los colaboradores no tienen salvoconductos, y si a los clientes se les restringe excesivamente el acceso al negocio. Esto podría generar una receta para el fracaso de la reapertura económica.
El autor es abogado