Luego que en la década pasada se hizo la licitación en la que se adjudicó un contrato o acuerdo de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) a NG Power, en el año 2013, y a Sinolam Smarter Energy, en 2015, sin que se hayan concretado los proyectos de gas natural, las compañías solares aseguran que pueden ofrecer energía a precios más competitivos debido a los avances y el desarrollo de esta tecnología.
Es una alternativa que daría parte de la respuesta a la incertidumbre que existe actualmente en el mercado eléctrico, para que se convoque a nuevas licitaciones de compra de energía que permitan suplir la necesidad, y que han solicitado organizaciones como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, y el Sindicato de Industriales de Panamá, entre otras.
Las licencias de NG Power y Sinolam para generar con gas natural licuado se mantienen vigentes y aunque sus representantes aseguran que ambos proyectos están en desarrollo, se desconoce cuál es el avance y en qué momento comenzarían a operar. Por su parte, la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), así como la Secretaría de Energía y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) no responden sobre el desarrollo de estas dos plantas y las solicitudes de convocar a licitaciones.
Mercado eléctrico
1,969 MW es la demanda máxima que se registro el 10 de marzo de 2020, antes de la pandemia.
1,956 MW fue la demanda del sistema el pasado 31 de marzo.
15% de energía importó Panamá de Centroamérica el pasado 31 de marzo.
“Mi interpretación es que hay un yunque en la cabeza de los que pueden decidir y es la legalidad de esos dos contratos que todavía existen... Y mientras existan, actuar es un riesgo para un funcionario que no se atreve”, reconoce Federico Fernández, presidente de la Cámara Panameña de Energía Solar.
El proyecto de NG Power tendría una capacidad de 670 megavatios y el de Sinolam, 440 megavatios, pero en la licitación de este último solo se adjudicaron 350 megavatios. Ambos suman más de mil megavatios, es decir, el 50% de la demanda de energía del país. El contrato o PPA de NG Power con las empresas distribuidoras es por 20 años y debía comenzar a despachar energía en 2017, sin embargo, esta fecha fue pospuesta por el regulador a solicitud de la empresa y la última que se conocía era para arrancar en 2021. Igualmente, el proyecto de Sinolam (antes Martano), que se adjudicó la licitación en 2015 para comenzar a generar el 1 de enero de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2033, fue pospuesto para iniciar en 2022.
Fernández considera que continuará la incertidumbre, “hasta que no decidan hacer algo tan radical como esto: quitémosle la careta, esos proyectos no van”. Si el temor es a los recursos legales que se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia, en el caso del proyecto de NG Power, dice, entonces las autoridades pueden convocar a una licitación para reemplazar los 270 megavatios de plantas térmicas que se están retirando del mercado, justamente porque no tienen contratos vigentes de generación de energía.
“ Hoy, 2021, yo puedo licitar con batería a esos mismos 12 centésimos que hace 6 años se ganaron los de gas cuando era extraordinario ese precio”.
Federico Fernández, presidente de la Cámara Panameña de Energía Solar
“Si la Secretaría [de Energía] aquí monta una licitación, en nueve meses tenemos las plantas andando”, asegura el presidente de la Cámara Panameña de Energía Solar. En promedio, levantar una planta fotovoltaica es mucho más rápido. Por ejemplo, la planta de gas natural que construyó AES Colón tomó casi 30 meses, sin incluir el tanque de almacenamiento.
La ventaja ahora, según Fernández, es que ya hay baterías para almacenar energía solar y se puede considerar potencia firme. “Hace unos años, los números no daban, pero ya hoy sí dan”, asegura Fernández.
Las licitaciones de esos proyectos de gas natural se hicieron a 11 y 12 centésimos el kilovatio hora, precios que ahora -según la Cámara Solar- son absurdos. El gremio cree que, a través de una licitación que sea solo para plantas fotovoltaicas, se pueden lograr ofertas más atractivas que beneficiarán a los clientes finales.
Recuperación
El pasado miércoles 31 de marzo, la demanda de energía de todo el país fue de 1,956 megavatios, muy cerca de los 1,969 megavatios de la demanda máxima registrada el 10 de marzo de 2020, antes de la pandemia, de acuerdo con los reportes diarios del Centro Nacional de Despacho.
El crecimiento en la necesidad de más energía se atribuye a la reactivación económica a través de la apertura de comercios, hoteles y restaurantes, que se mantuvieron cerrados por casi un año. La inquietud por el crecimiento en la demanda obedece a que está muy cerca de la capacidad firme instalada, que es de aproximadamente 2 mil megavatios. No se trata de menos capacidad instalada en el país, porque las plantas de generación existentes suman más de 3 mil megavatios. Se refiere a tener plantas de suministro de energía los 12 meses del año o lo que se llama potencia firme.
Gran parte de la capacidad instalada del país son plantas renovables (solar, eólicas e hidroeléctricas de pasada) que no se considera potencia firme, con la excepción de las hidroeléctricas Fortuna y Bayano, que cuentan con embalses. En el caso de las solares, porque solamente en la temporada seca pueden producir a su capacidad, al igual que las eólicas, que dependen del viento.
Las plantas que sí pueden suplir potencia firme durante todo el año son las térmicas, que utilizan bunker, diésel, carbón o gas natural. Sin embargo, a varias de estas plantas se les terminaron los contratos de generación que tenían y, en el caso de las de gas natural de NG Power y Sinolam, no arrancan.
En el modelo eléctrico panameño, las generadoras producen la energía, la estatal Etesa la transporta en alta tensión hasta los centros de consumo del país y las distribuidoras se encargan de entregarla a los clientes finales.
Según la regulación existente, se deben hacer licitaciones (que organiza Etesa) a las cuales concurren las generadoras que estén disponibles, según el requerimiento de las distribuidoras. Las licitaciones se pueden hacer a corto (5 años), mediano ( 10 años) y largo plazo ( 20 años). Las licitaciones las convoca Etesa, pero como parte de la política energética también participa la Secretaría de Energía, además de la ASEP.
Las compañías que han invertido en proyectos solares reclaman estas licitaciones, ya que actualmente solo dependen del suministro a grandes clientes del mercado, y muy pocas están despachando para la red del país .
