La ley 122 de 2019, que establece incentivos fiscales para los inversionistas en proyectos turísticos, debe ser modificada, considerando su alcance, fiscalización y proporcionalidad. Así lo expresó la Cámara de Comercio a través de una carta enviada a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), entidad que ha revelado que hace los análisis para proponer cambios a la norma.
La ley permite que las sociedades o personas naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas con proyectos fuera del distrito de Panamá, reciban un crédito fiscal del impuesto sobre la renta del 100% por las sumas invertidas.
Así, en lugar de una posible deducción por el 50%, tal lo cual establecía una norma anterior, ahora se permite otorgar un crédito fiscal transferible por el 100%. Es decir, que el Estado reconoce y asume a través de un sacrificio fiscal el valor total de la inversión.
Dicha reforma, sin embargo, no incluye un mecanismo de avalúo o poder fiscalizador posterior a la entrega de los créditos fiscales.
Tampoco establece un tope en el monto global del sacrificio fiscal que estaría asumiendo el Estado, considerando que 2025 se ha puesto como límite para acogerse al incentivo fiscal.
Iván Eskildsen, administrador de la ATP, dijo que tomando en cuenta los comentarios de la Cámara de Comercio y otros gremios, “ya tenemos una conversación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Y sí se quieren hacer algunos ajustes y digamos que con eso estamos en esa conversación para lograrlo lo antes posible...”.
“Existe un grupo importante de inversionistas interesados. La idea es que no esperen demasiado para que puedan aprovechar la oportunidad”, dijo Eskildsen, refiriéndose a la necesidad de actuar prontamente en los cambios normativos para que los inversionistas sepan cuáles serían las reglas.
El funcionario no detalló los cambios que el Ejecutivo estaría analizando y qué propondrían como parte de una iniciativa legislativa.
Pero precisamente en la carta enviada por la Cámara de Comercio a su despacho se indica que debe evaluarse el establecimiento de límites a los créditos fiscales.
Este límite lo deben poner el MEF y la ATP como entes regentes que entienden las capacidades del Estado, dijo el gremio empresarial, que aunque reconoce la necesidad de establecer incentivos para dinamizar una industria generadora de empleos, también alerta de las carencias de la legislación vigente.
“Desde nuestro punto de vista, es necesario que se establezcan mecanismos de fiscalización previos y posteriores, como estudios de factibilidad y viabilidad, impacto sobre las finanzas públicas, fianzas de cumplimiento y certificaciones/auditorías por profesionales idóneos que sean responsables legalmente ante las opiniones que emitan sobre estos criterios, por mencionar algunos”, precisó la Cámara de Comercio, a través de un correo electrónico enviado a este diario.
Los empresarios indican que la ley debe establecer proporcionalidades entre los proyectos y los productos a los que aplique los créditos fiscales y el beneficio económico y social sostenible que generará para el país por razón del sacrificio fiscal que genera el otorgamiento de los créditos.
No han recomendado exactamente qué porcentaje de la inversión debe considerarse para acogerse al crédito fiscal, pero dan como un hecho que no funcionó la norma anterior, que permitía considerar como gasto deducible hasta el 50%, la inversión realizada en la empresa turística para efectos del impuesto sobre la renta.
En este sentido, precisan que habría que analizar cuál sería ese porcentaje que debería aplicar al país, entendiendo que hay casos como República Dominicana, que ofrece el 100% por 10 años, y en el otro espectro Costa Rica, que ofrece 25% por 7 años.
Por otro lado, la Cámara de Comercio pidió que la ley o su reglamentación definan exactamente las zonas de interés donde aplica, considerando las zonas que forman parte del Plan Maestro de Turismo.
