España aprobó una oferta de 4,900 millones de euros ($5,800 millones) de IFM Global Infrastructure para adquirir casi una cuarta parte de Naturgy Energy Group SA, despejando el camino para que el fondo australiano ayude a administrar una de las principales empresas de servicios públicos del país.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo en una conferencia de prensa después de la reunión semanal de gabinete que el Gobierno puso condiciones a la compra de la participación. Entre ellas, el compromiso de mantener la sede de Naturgy y gran parte de su plantilla en España, respaldar una política de dividendos prudente que permita invertir en objetivos medioambientales y mantener una calificación de grado de inversión.
La oferta de IFM para comprar casi el 23% de Naturgy provocó un debate sobre el grado de respaldo nacional necesario para ayudar a desarrollar y proteger a las empresas españolas, una preocupación que se ha hecho más apremiante por el impacto de la pandemia. El Gobierno tiene facultades para vetar las operaciones que involucran más del 10% de empresas consideradas de importancia estratégica.
“Esta operación es probablemente una señal de confianza de los inversores exteriores en la economía española y la sólida ambición de nuestro marco para facilitar la transición ecológica”, dijo Ribera.
La firma de inversión ofreció pagar 23 euros ($27.30) por acción por la participación de Naturgy cuando anunció por primera vez la oferta no solicitada en enero. Desde entonces, ha ajustado el precio a 22.07 euros ($26.07) para tener en cuenta los dividendos pagados en el ínterin.
Las acciones de Naturgy subían un 0.8% a 21.79 euros ($25.86) ayer en Madrid, valorando la empresa en 21,100 millones de euros ($25,040 millones).
Cuando se le preguntó sobre el acuerdo en una entrevista con Bloomberg Television el mes pasado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que era importante que España demostrara que era una economía abierta que acogía a los inversores extranjeros.
“Las condiciones fijadas tienen como objetivo proteger el interés público a través del mantenimiento de la sede y la actividad en España, la garantía de una gestión financiera prudente, el apoyo a las inversiones fundamentales para la transición energética y el mantenimiento de la negociación en Bolsa”, dijo el Ministerio de Economía en un comunicado.
IFM tendrá que garantizar “el mantenimiento de una parte significativa de la plantilla del grupo en España” y que el grupo no pierda el control de sus filiales, añadió el ministerio.
El fondo australiano necesitaba el visto bueno del gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez después de que éste endureció las normas sobre inversión extranjera en marzo de 2020.
Participación similar
IFM poseerá una participación similar a la de los actuales accionistas Global Infrastructure Partners y Rioja, respaldado por CVC Capital Partners, que han dicho que no venderán sus acciones. Una posible alianza de estos tres inversores internacionales podría enfrentarlos a Criteria Caixa, el holding español que posee más de una cuarta parte de Naturgy.
Criteria ha aumentado paulatinamente su participación, argumentando que quiere garantizar la seguridad energética de España. Ha dicho que su participación accionaria no superará el 30%, un umbral que le obligaría a realizar una OPA total según la ley española.
Naturgy aumentará el gasto en energías renovables y pretende alcanzar un objetivo de emisiones netas cero para 2050, según el nuevo plan estratégico que presentó la semana pasada. La empresa recortó su dividendo en un 25% a medida que se embarca en el gasto para su giro hacia negocios más ecológicos.