El proyecto de ley pretende poner freno a la especulación de tierras, como ha venido sucediendo en Bocas del Toro, pero por otro lado abre las puertas a proyectos despiadados que acabarán con zonas isleñas salvajes y vírgenes que abundan en los territorios insulares de Panamá, advirtió Líder Sucre, director ejecutivo de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza. "Nosotros abogamos porque se mantenga el encanto natural, que es lo que precisamente ha atraído a algunos inversionistas que ya tienen proyectos en algunas islas", destacó. Sucre no se explica cómo se ofrecerán en concesión o se venderán tierras insulares, cuando éstas tienen una función de contrapeso para ayudar a garantizar el atractivo salvaje y la diversidad biológica. El ecologista Ariel Rodríguez (www.salvemoslascostasdepanama.blogspot.com) se opone a la ley porque privatiza las costas y las islas, y esto, independientemente de los supuestos beneficios, provocará daños ambientales de diversa naturaleza. Los ecologistas preparan una demanda contra el proyecto.
Los proponentes del proyecto señalan que la ley fue mejorada y recogió una serie de recomendaciones hechas por Anam. Los inversores deberán cumplir con un estudio de impacto ambiental antes de proceder con la obra. Queda prohibida la construcción sobre formaciones de coral, así como cualquier actividad que produzca la destrucción de ecosistemas. El documento prohíbe a los inversionistas la tala, el uso y la comercialización de los bosques de manglar.
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