Un informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) y enviado al Congreso norteamericano da cuenta de los avances, las deficiencias y las vulnerabilidades de Panamá frente al blanqueo de capitales.
El Departamento de Estado recuerda que la ubicación geográfica, la economía dolarizada, el estatus como hub logístico, comercial y financiero son algunos de los atractivos del país para los lavadores de dinero.
“Investigaciones internacionales de alto perfil sobre lavado de dinero, originadas en Panamá o en otros lugares, han intensificado el escrutinio de la capacidad y vulnerabilidades para afrontar la actividad financiera ilícita”, recoge el informe, fechado el pasado 2 de marzo.
La oficina estadounidense reconoce que Panamá ha acordado afrontar las deficiencias en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, fortaleciendo su entendimiento sobre los riesgos nacionales y sectoriales de este flagelo, reforzando la regulación y supervisión sobre las actividades no financieras, aplicando sanciones apropiadas, asegurando el acceso a información sobre el beneficiario final de las sociedades y mejorando las investigaciones de delitos de evasión fiscal y lavado de dinero internacionales.
También recuerda que la Ley 70 de 2019 penaliza la defraudación fiscal y la considera delito precedente de blanqueo de capitales. No obstante, señala que el límite de $300,000 a partir del cual la evasión se considera defraudación y, por lo tanto, se convierte en delito penal, “puede limitar la efectividad de las investigaciones sobre lavado vinculado a menores cantidades de impuestos evadidos”.
El lavado de activos es tratar de dar apariencia de legalidad a dinero obtenido ilegalmente. El dinero que se lava en Panamá procede principalmente de actos ilegales cometidos en el exterior, incluyendo tráfico de drogas, delitos fiscales y tráfico de bienes y personas. Y se hace a través de contrabando de dinero en efectivo, del comercio en puertos y aeropuertos, empresas fantasma, bienes raíces, construcción, casinos, monedas virtuales y las zonas de libre comercio, según el reporte.
En concreto, se refiere a que la Zona Libre de Colón sigue siendo vulnerable a actividades financieras y comerciales ilícitas debido a una débil aplicación de normas aduaneras y a la limitada supervisión de las transacciones.
El reporte considera, además, que ciertas estructuras legales creadas y registradas en Panamá, como por ejemplo sociedades, fundaciones y fideicomisos son de alto riesgo para la actividad de blanqueo, y recuerda que prevalece el uso de directores nominales.
Entre las deficiencias del sistema se destaca la falta de capacidad para identificar envíos de dinero en efectivo, la inexperiencia en investigaciones y procesos judiciales de lavado de dinero no ligado a tráfico de drogas, una inconsistente aplicación de las leyes, un sistema judicial con limitados recursos y la corrupción. Todos estos factores dificultan los esfuerzos para combatir el lavado de activos, señala el reporte.
Sobre el sistema judicial, advierte de que a las entidades les cuesta ser efectivas bajo el sistema penal acusatorio, y la falta de coordinación ha derivado en pocas investigaciones, procesamientos y condenas, especialmente en casos no vinculados a drogas. “Panamá necesita proporcionar capacitación adicional en materia de investigación financiera y dar prioridad a las investigaciones financieras más allá de los casos relacionados con el tráfico de drogas”, recoge el informe.