Luego de haber iniciado en 2018 un plan piloto y de haber pasado este año a un proceso de masificación voluntaria, la implementación de la factura electrónica en Panamá dará un nuevo giro el próximo año, con los primeros pasos hacia la obligatoriedad de esta modalidad de facturación y con la ampliación de las profesiones y actividades que deberán adoptarla, según comentó en una entrevista con este diario Publio de Gracia, director general de Ingresos (DGI).
La estructura legal de estos cambios quedó plasmada en el proyecto de ley 721, aprobado en la Asamblea y pendiente de sanción presidencial.
De Gracia explicó que hasta ahora la ley solamente establecía la obligación del uso de equipos fiscales y “creíamos pertinente que la factura electrónica estuviese también establecida en la ley, creando el Sistema de Facturación Electrónica de Panamá”.
A partir de enero de 2022, los nuevos contribuyentes que se registren en la DGI y no estén exceptuados tendrán que adoptar el Sistema de Facturación Electrónica de Panamá. No podrán optar por las impresoras fiscales.
Además, a partir del 30 de julio de 2022, las entidades públicas solamente podrán recibir como documento válido para gestionar compras de bienes y servicios por parte del Estado la factura electrónica.
Actualmente, están exceptuadas del uso de las impresoras fiscales una serie de actividades y profesiones. Hasta ocho grupos de actividades salen de la lista de exceptuados y el Ejecutivo establecerá un calendario para la adopción de la factura electrónica.
Entre ellas están los servicios de transporte público de pasajeros, nacional o internacional, por vía terrestre, aérea o marítima, quedando exceptuado el transporte selectivo, es decir, los taxis; las operaciones y servicios realizados por los bancos y otras instituciones financieras; las operaciones realizadas por las bolsas de valores; las actividades de arrendamiento de bienes inmuebles; así como los servicios prestados en ejercicio de profesiones liberales, artesanales y artísticas, en forma independiente o a través de sociedades civiles. Profesionales liberales son, por ejemplo, abogados, ingenieros, arquitectos o los doctores, entre otros.
De Gracia explicó que estas actividades estaban exceptuadas del uso de equipo fiscal, pero no de la obligación de facturar y que se va a reglamentar cómo pasarán al sistema de facturación electrónica. No se está introduciendo ninguna obligación impositiva nueva. Es decir, que la actividad que estaba gravada con impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms), lo seguirá estando, y la que estaba exenta, mantiene su condición.
Con estos pasos, la DGI pretende mejorar su capacidad fiscalizadora, ya que la información de las transacciones llegará directamente al fisco. Se pretende reducir la evasión de impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y servicios, pero también en el impuesto sobre la renta porque puede haber ingresos no declarados al fisco.
La masificación voluntaria de la factura electrónica comenzó en junio y desde entonces están vigentes dos vías para adoptarla, dependiendo del volumen de negocio. Quienes tengan hasta 200 operaciones mensuales y menos de $1 millón de ingresos anuales pueden utilizar un facturador gratuito de la DGI. Y los que tengan mayor volumen de operaciones o de ingresos, tendrán que utilizar los servicios de un proveedor autorizado calificado (PAC), un intermediario que validará la factura emitida.
Los negocios de cierto tamaño que tengan que recurrir a esta figura deberán asumir un gasto que no será reconocido a través de créditos fiscales, como sí sucedió, por ejemplo, con las impresoras fiscales o con los dispositivos que ahora deben incorporar los equipos fiscales para estar conectados en línea con la administración tributaria.
Desde la DGI se ha señalado que la intención es homologar la mayor cantidad posible de PACs para que el costo sea menor. De Gracia dijo que hasta la fecha han autorizado cuatro empresas para hacer esta función y que hay otras tres en proceso.
Sobre el calendario de implementación de la factura electrónica en las actividades que estaban exceptuadas, el funcionario dijo que será un proceso paulatino, que las primeras actividades podrían entrar a mediados de año y que la intención es que todas lo hayan hecho en el transcurso de 2022 para iniciar el curso 2023 con el nuevo sistema de facturación implementado.
El economista Carlos Araúz señaló que entiende la intención de acelerar la implementación de la factura electrónica para mitigar la evasión, pero también defendió que, en los casos en los que se generen gastos adicionales a las empresas, el Estado debería absorber parte de ese costo o facilitar algún tipo de vehículo para que la carga no recaiga enteramente en las empresas.
Sobre las empresas que tienen actualmente impresora fiscal, De Gracia comentó que pueden seguir usándola, pero adelantó que la intención es regular que, hacia adelante, cuando termine la vida útil de una impresora fiscal, esta ya no sea reemplazada por otra, sino por la factura electrónica, para que haya un proceso paulatino de transición.
