El debate a la reforma de la ley 22 de 2006, que dicta el régimen de contrataciones públicas en Panamá, entra en una etapa decisiva esta semana.
El pasado jueves los diputados de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos retomaron la discusión del proyecto de ley 10. El debate se reabrirá mañana y esta misma semana podría ser sometido a votación en el primero de los tres periodo de discusión que debe pasar el texto en la Asamblea Nacional.
En la sesión del pasado jueves se presentó una propuesta para que los contratistas que dejen una obra abandonada sin justificación no puedan ser contratadas por el Estado para futuros proyectos.
Además, el diputado independiente Gabriel Silva adelantó que esta semana propondrá que aquellas empresas que hayan donado a campañas políticas más de $50,000 no puedan ser contratistas del Estado si el candidato al que apoyaron resulta elegido. Con esta propuesta, dijo, se pretende evitar ese “negocio que hay de donantes a los que luego les dan contratos”.
Empresas condenadas
Si una empresa resulta condena, esta sería una causal que se añadiría a la lista de motivos que incapacitarían a dicha compañía para ser contratada por el Estado.
En el centro del debate estará la incapacidad legal para contratar a empresas o personas que hayan sido condenadas en los cinco años que anteceden a la convocatoria del acto público.
Entrarían en esta restricción quienes hayan cometido delitos contra la administración pública; el orden económico; delitos contra la seguridad colectiva; delitos contra el patrimonio económico; y delitos contra la fe pública, con penas de prisión de uno o más años por un tribunal panameño o extranjero, según consta en una de las propuestas que reposan en la comisión de Comercio.
De igual forma, se plantea la incapacitada para contratar con el Estado a las empresas que hayan llegado a acuerdos de colaboración judicial o acuerdos de pena en los cinco años que anteceden a la convocatoria de un acto público, habiendo reconocido la comisión de delitos contra la administración pública, entre otros.
Con estos dos artículos se busca excluir de los contratos con el Estado a empresas que haya sido condenadas o hayan aceptado la comisión de actos de corrupción.
El director general de Contrataciones Públicas, Raphael Fuentes, dijo que la entidad está analizando las propuestas porque “tenemos que ver que cumpla con todas las leyes, no solo las de contrataciones públicas”.
El representante del Ejecutivo dijo que se quiere evitar que un artículo genere complicaciones para la aplicación de la ley.
Sobre la incapacidad de contratar a empresas que hayan firmado acuerdos de delación, Fuentes dijo que se analiza si lo aprobado en la ley podría estar por encima de lo definido en los acuerdos.
“Un acuerdo de delación tiene unos términos que son pactados entre el Estado y el proveedor. Nosotros como Ejecutivo mantenemos el enfoque de que no se puede contratar con empresas que generen ese ambiente de corrupción, pero tenemos que apegarnos a la ley”, apuntó.
Fuentes adelantó que la intención es llegar este martes a la Comisión con un documento final, para darle el debido proceso en el debate parlamentario.
El funcionario recordó que luego de la aprobación de la norma, se debe empezar a trabajar en su reglamentación, lo que podría dilatar aún más la implementación de la ley, que es una de las apuestas de la administración de Laurentino Cortizo para dotar de más transparencia las contrataciones públicas y mejorar el clima de inversión en el país.
Lo que finalmente se dedica sobre la ley de contrataciones públicas en materia de incapacidad legal para contratar, aplicará también al régimen de asociaciones público privadas, que ya fue aprobado por la Asamblea, pero que en muchos casos se remite a la Ley 22 de 2006.
Empresas locales
El proyecto original de reforma a la ley de Contrataciones Públicas incluía un artículo que daba prioridad a las empresas nacionales en determinados contratos.
El artículo fue retirado durante el debate parlamentario, pero el Ejecutivo tratará de que el texto legal que sea finalmente aprobado incluya cláusulas de este tipo. “Estamos tratando de explicar la necesidad de estos artículos para que sean incluidos”, manifestó Fuentes.
La propuesta del Gobierno es que en proyectos de obra civil con un monto inferior a $5 millones las licitaciones sean exclusivas para empresas panameñas.
Licitaciones importantes, pendientes de consulta
Dos licitaciones de importancia para el país están pendientes de nuevas evaluaciones y de que diferentes autoridades emitan opiniones que pueden ser determinantes para el futuro de los actos públicos.
En el caso de la línea 3 del Metro de Panamá, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) solicitó a la comisión evaluadora un nuevo análisis de las propuestas de China Railway Group y del consorcio HPH Joint Venture, que había obtenido la mejor puntuación total en la primera evaluación. Raphael Fuentes, director general de Contrataciones Públicas, dijo que la comisión evaluadora, a su vez, hizo una solicitud de información al Ministerio de Economía y Finanzas, ya que una de las cuestiones clave en este acto público está ligada a la estructura de financiamiento presentada por el consorcio HPH Joint Venture.
De igual forma, en el caso del Hospital del Niño, la DGCP solicitó a la comisión evaluadora un nuevo análisis de la propuesta presentada por el consorcio Camce Hospital del Niño, que se disputa el contrato con la constructora Acciona. La DGCP pidió a la comisión, además, que haga una consulta a la Contraloría General de la República sobre la vigencia de la fianza presentada por Acciona. Fuentes dijo que espera que el informe final de la comisión evaluadora del Hospital del Niño se emita a final de mes. Si entregado el informe no se presentan nuevos reclamos, el Ministerio de Salud podría adjudicar el acto.