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Exclusión financiera

‘Fijar tasas de interés no contribuye a la bancarización’

‘Fijar tasas de interés no contribuye a la bancarización’
En la Asamblea Nacional reposa una iniciativa legal para imponer límites a las tasas de interés, actualmente determinadas por el mercado. Archivo

La eventual fijación de topes a las tasas de interés bancarias se podría traducir en la cancelación de miles de tarjetas de crédito y otros productos bancarios, en una mayor dificultad de acceso a crédito y en la afectación de los niveles de consumo y la capacidad de los comercios de hacer frente a sus compromisos bancarios.

Estas conclusiones se desprenden de los testimonios de representantes de la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings y de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

En la Asamblea Nacional reposa una iniciativa legal para imponer límites a las tasas de interés, actualmente determinadas por el mercado.

Rolando Martínez, director senior de Instituciones Financieras para América Latina de Fitch Ratings, señaló que una eventual regulación de este tipo en Panamá se sumaría a otras similares en varios países de la región, donde los efectos negativos ya son conocidos. “Ya hay experiencia sobre los impactos que pueda tener en la banca y sobre los clientes de la banca”, dijo Martínez, quien señaló que el efecto dependerá del nivel en que se fije el tope de interés.

En el caso de la vecina Costa Rica, la implementación de una medida similar se tradujo en la cancelación de al menos 235 mil tarjetas de crédito, dijo el analista, mientras que en Guatemala se notó una reducción en los niveles de consumo, ya que las tarjetas de crédito se utilizan en las compras.

Por su parte, Giorgio Trettenero, secretario general de Felaban, señaló que en otras jurisdicciones donde operan topes a las tasas de interés, los bancos optaron por no prestar a personas y pequeñas y medianas empresas con alto riesgo crediticio o hacerlo a tasas muy superiores en comparación a un escenario sin topes a las tasas de interés, lo cual genera exclusión financiera y motiva a hogares y pequeñas empresas a recurrir a prestamistas informales, que no están regulados por el supervisor.


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