En un reciente reporte sobre Panamá, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció los esfuerzos y el compromiso del país para mejorar el marco de prevención de blanqueo de capitales, pero también se refirió a las dificultades que ha experimentado para implementar el plan de acción para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
“Las autoridades necesitan abordar rápidamente los puntos del plan de acción del GAFI para salir de la lista gris”, recoge el documento, para señalar a continuación que con el cambio de administración en julio de 2019 personal clave en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo cambió y Panamá tuvo dificultades para avanzar en la implementación del plan previsto originalmente, que también se vio afectado por el impacto de la pandemia.
El informe surge como parte de los análisis efectuados por el FMI para la aprobación de una línea precautoria y de liquidez por un periodo de dos años y un monto equivalente a $2,700 millones.
La línea será empleada por el Gobierno como un seguro y se utilizará en caso de ser necesario.
Por eso, el FMI, como prestador de los fondos, hace un análisis de los eventuales riesgos a los que está expuesto el país. Entre ellos menciona un prolongado periodo de lento crecimiento, un recrudecimiento de la pandemia, la volatilidad en los mercados financieros y la “ausencia de un progreso significativo” en las medidas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, ya que los retrasos en la ejecución del plan de acción podrían tener un efecto adverso en las relaciones de corresponsalía bancaria, algo que, no obstante, no ha sucedido desde que Panamá entró en la lista gris en junio de 2019.
En ese momento, el Gobierno se comprometió a ejecutar un plan de acción para abordar las deficiencias detectadas en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Entre los compromisos adoptados en el plan de acción están mejorar el entendimiento de los riesgos de lavado dinero y financiamiento del terrorismo; identificar remitentes de remesas sin licencia y asegurar sanciones disuasivas contra el lavado de dinero; garantizar la adecuada verificación y actualización de información sobre beneficiarios finales, estableciendo un mecanismo efectivo para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales u offshore; así como hacer un uso efectivo de las investigaciones de la Unidad de Análisis Financiero, demostrando la capacidad de investigar y procesar el lavado de dinero vinculado a delitos fiscales, así como brindar oportuna cooperación internacional en relación con estos delitos.
El FMI reconoce el compromiso de las autoridades para salir de la lista gris y los avances logrados. Se refiere, por ejemplo, al fortalecimiento de la regulación y supervisión de los sujetos obligados no financieros, la criminalización de la defraudación fiscal y de los remitentes de dinero ilegales y al fortalecimiento del equipo técnico para apoyar la implementación del plan de acción. El organismo internacional también dará asistencia técnica al país en su objetivo de salir de la lista gris.
El abogado Carlos Barsallo señaló que Panamá tiene el plan de acción y ha dicho qué va a hacer, pero se han afectado los tiempos. “Se han dado las excusas de la pandemia, del cambio de gobierno, pero están llegando las fechas y no necesariamente se ha cumplido”.
Un ejemplo mencionado tanto por Barsallo como Julio Aguirre, consultor financiero especialista en prevención de lavado de dinero, tiene que ver con la creación de un registro único de beneficiarios finales. La ley que crea el registro fue aprobada en marzo de 2020, pero la base de datos aun no existe.
Cita con GAFI
El avance de Panamá será evaluado en la primera plenaria del GAFI del año, que se celebra la próxima semana de manera virtual.
Consultado sobre las expectativas para esta cita, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló que Panamá ha estado trabajando en todas las áreas que comprende el plan de acción y que la expectativa es que se reconozca el progreso y el compromiso de alto nivel del país en continuar implementando el plan.
Sobre la demora en la creación del registro único de beneficiarios finales, el MEF respondió que a los sujetos financieros y no financieros se les exige el cumplimiento de medidas de debida diligencia, que incluyen la obtención del beneficiario final, lo cual es monitoreado por diferentes entes de supervisión, y que se tiene un plan de trabajo para implementar el registro único desde el punto de vista técnico y tecnológico.
La entidad señaló además que se trabaja en un proyecto de ley que abordará varias leyes en materia prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo “con el fin de armonizar los requisitos conforme a los estándares internacionales y que esto impacte en una mejora de la implementación y la efectividad del sistema”.
