Un último intento por hacer más eficiente y transparente la gestión de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) parece haber fracasado.
Esto ocurre justo cuando la CSS enfrenta la peor de sus crisis financieras y lidia con severas fallas administrativas, que finalmente impactan el servicio que brinda la entidad.
Mientras tanto, la junta directiva invierte la mayor parte del tiempo para decidir sobre recursos de apelación en procesos administrativos entre trabajadores y la administración de la CSS.
Básicamente, se ha convertido en una especie de árbitro que dirime conflictos laborales, cuando se deberían concentrar en el análisis profundo de las finanzas de la entidad, la calidad de su cartera de inversión o el desempeño de los ingresos proyectados en medio de la pandemia.
Desde el año pasado, los representantes del sector privado sentados en la junta directiva de la institución han tratado de introducir en la agenda de dicho colegiado la implementación del conjunto de normas, principios y procedimientos de gobierno corporativo.
Se conoce como gobierno corporativo a una manera de gestionar las compañías, empresas o entidades, teniendo en cuenta principios de ética, transparencia, rendición de cuentas, balances y mecanismos de supervisión interna.
Pero a pesar de todas las ventajas que promete traer la implementación de una gestión más transparente a lo interno de la junta directiva de la CSS, los representantes de los trabajadores han advertido que no están de acuerdo con lo que se propone, rechazando un convenio marco entre la junta directiva de la CSS y el Instituto de Gobierno Corporativo.
El tema no ha ido a una votación como tal, pero desde que se intentó hacerlo parte de la agenda de trabajo, las respuestas han sido adversas.
Desde enero de 2021, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) -representado en la directiva de la CSS por Aida de Maduro, Camilo Valdés y Fernando Méndez- envió una carta a la entonces presidenta Esmeralda Buchanan, para presentar a su consideración la implementación de un reglamento de normas de gobierno corporativo.
Indicaron sobre la importancia de dar este paso porque durante las reuniones de la junta directiva habían advertido que era necesario, por ejemplo, apoyar la adecuada implementación de la legislación de contrataciones públicas, ya que muchas contrataciones de “urgencia” no necesariamente “fijan las mejores relaciones entre calidad y precios, lo que sucede igualmente en las adendas de contrataciones previas”.
Indicaron que se necesitaba fortalecer la junta directiva para que cumpliera con las funciones asignadas en la ley orgánica de la CSS.
También creían necesario reforzar el monitoreo de controles administrativos e incorporar un comité de normas de gobierno corporativo para la implementación de buenas prácticas en la institución.
Meses más tarde se propuso firmar un convenio de cooperación para que el Instituto de Gobierno Corporativo hiciera un diagnóstico sobre los procesos que la junta directiva podría mejorar o cambiar para ser eficientes a través de normas de integridad, transparencia y cultura de buenas prácticas.
Pero el 30 de diciembre del año pasado, ya con Aida de Maduro en la presidencia de la junta directa de la CSS, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) envió una carta en la que rechazaba la discusión y aprobación del convenio marco, al considerarlo “inconveniente” e “ilegal”.
Conato indicó que conoce “el sentido y contenido de un gobierno corporativo”, por lo que no están “opuestos” a un sistema que contribuya al mejor desempeño de la CSS.
Aunque consideran que firmar un convenio sería ilegal porque la CSS es una entidad de derecho público y autónoma que debe funcionar en el marco legal de lo que determina la ley. Consideran que el convenido rebasa el marco jurídico al que debe sujetarse la junta directiva, sin detallar qué artículo se estaría violando.
Desde el seno de la junta directiva se observa una aparente confusión en el planteamiento de Conato, ya que entidades como la Superintendencia de Bancos o el Canal de Panamá hacen uso de normas de gobierno corporativo.
El Conato entiende que la firma del convenio marco puede acarrear riesgos económicos o una especie de velo sobre la información que maneja la directiva, cuando en realidad es todo lo contrario.
Por todo lo anterior, solicitaron que la discusión de dicho convenio fuera eliminada del orden del día de la junta directiva.
El pasado 12 de enero Maduro respondió a Conato, indicando que había notado que no existe comprensión de lo que se busca con el acuerdo, ya que el convenio no tiene vinculación directa con la CSS como institución sino con la junta directiva, y que el objetivo es mejorar la gobernanza del colegiado, de tal forma que sea más eficiente y efectiva.
Reiteró que el acuerdo no implica ninguna erogación por parte de la CSS y tampoco desacredita su condición de entidad pública.
Por otro lado, la confidencialidad a la que alude el convenio, y que rechazan los trabajadores, se refiere a la implementación del acuerdo y no a la información pública que emana de la actividad oficial que realiza la directiva.
“La aprobación del convenio se realiza a través de un acto democrático que implica debatir los puntos del orden del día y luego votar. No tiene sentido censurar el debate que se debe dar”, dijo.
Entre los que más se han negado están Guillermo Puga y Gregorio Guerrel, además de los suplentes Humberto Hurtado y Esmeralda Buchanan.
Como ocurre en la mayoría de los casos, muy pocas cosas de importancia prosperan a lo interno de la junta directiva. Hay 11 miembros, de los cuales 3 son representantes de la empresa privada, 4 de los trabajadores, 1 representante de jubilados, y otro representante de los profesionales de la salud, además del ministro de Salud y el titular de Economía y Finanzas.
En el último año los ministros han ido a escasas o a ninguna reunión. Generalmente envían a un representante de mando medio, sabiendo que se discutirán temas irrelevantes. Mientras que históricamente los sindicatos que representan a los trabajadores tienen visiones opuestas a los empleadores en la directiva.
Para que una iniciativa prospere, se necesita la presentación de una propuesta, alguien que la secunde, y en total seis votos a favor.
Aunque el problema administrativo de la entidad no es poca cosa, las discusiones del diálogo por la CSS se concentraron el año pasado en el sistema de Invalidez, Vejez y Muerte. Pero como dijo en su momento Daniel Lombana, representante de la bancada independiente del diálogo, “darle el mismo sistema administrativo es volver a fracasar”.
