El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la negociación de hasta $15.5 millones en concepto de la culminación del arbitraje con la empresa mixta Enel Fortuna, como parte de la indemnización por el retraso de la construcción de la tercera línea de transmisión eléctrica.
Este pago es parte del cumplimiento de dos resoluciones de gabinete aprobadas el 31 de marzo de 2014 para indemnizar a los operadores hidroeléctricos AES Panamá y Enel Fortuna, con el fin de mitigar pérdidas por falta de la tercera línea de transmisión eléctrica.
Durante la pasada administración el entonces contralor general de la República, Federico A. Humbert, elevó una consulta de inconstitucionalidad por estas dos resoluciones de gabinete que ordenaron acuerdos para el pago millonario a las hidroeléctricas, pero la Corte Suprema de Justicia declaró no viable y como consecuencia obligó al pago.
Las dos resoluciones, publicadas en la Gaceta Oficial 27505 del 1 de abril de 2014, autorizaron la celebración de acuerdos entre el MEF y AES Panamá, además de la empresa Enel Fortuna para compensar las pérdidas incurridas por falta de capacidad para transportar la energía eléctrica.
La resolución 41 autorizó al MEF para la firma de un acuerdo con Enel Fortuna para el pago de hasta $30 millones en 2014, $22.5 millones en 2015 y $22.5 millones en 2016, es decir, hasta $75 millones en estos tres años.
En el caso de la resolución 42 para el acuerdo entre el MEF y AES Panamá, se refiere al pago de hasta $40 millones para 2014, $30 millones para 2015 y $30 millones para 2016, un total de $100 millones.
Explica la resolución 4 del 12 de enero de 2021 que en 2014 y 2015 se hicieron los pagos a favor de Enel Fortuna pero en los años siguientes, se suspendieron tras los procesos judiciales que promovió la Contraloría General de la República.
Enel Fortuna, donde el Estado es dueño del 49% de las acciones, reclamó el pago de una factura de $13.2 millones, más intereses por $6.5 millones y otros montos que sumaban $5 millones para un total de $25 millones. Se indica que dado el monto en controversia, antes de incurrir en un costoso y largo proceso de litigación se considera un acuerdo amistoso para negociar el pago de hasta $15.5 millones con Enel Fortuna. El proceso se dilucidó en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
