El gobierno del nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó un aumento de los impuestos a las exportaciones agropecuarias, medida que suscitó un fuerte enfrentamiento del sector cuando gobernaba Cristina Kirchner, actual vicepresidenta.
A partir de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se deja sin efecto el tope de 4 pesos por dólar de gravamen que había impuesto el anterior gobierno de Mauricio Macri, por lo que las retenciones quedan en 12%.
Gobierno de Argentina.
“Con la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas, resulta necesaria la adopción de medidas de carácter fiscal que permitan atender las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos”.
En el anterior gobierno, esa tasa se redujo casi a la mitad a medida que el peso se desplomaba frente al dólar. El pasado viernes, la moneda argentina cerró en 63.07 pesos por dólar, una depreciación de 70% desde enero de 2018.
El decreto de Fernández aplica parcialmente para el trigo, el maíz y la soja, que volverán al gravamen de 12%. Para la soja, el mayor producto de exportación, ese índice se sumará a otro 18% que ya pagaba, por lo que su venta al extranjero estará gravada con 30% de su precio.
La carne, pesca, lana, legumbres, harina de trigo, maní, arroz, leche en polvo, entre otros, se gravan con un 9% fijo, mientras que habrá excepciones, como frutas y productos regionales, que pagarán 5%.
“Con la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas, resulta necesaria la adopción de urgentes medidas de carácter fiscal que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos”, justificó el gobierno.
Esta es una de las primeras medidas económicas de Fernández, un peronista de centroizquierda, quien asumió la Presidencia en un país sumido en una recesión de más de un año, con un inflación de 55% anual y una pobreza que golpea a casi 40% de la población.
El decreto puso en alerta al poderoso sector agrícola, que ya había mantenido una fuerte disputa por los impuestos a las exportaciones con protestas y bloqueos de ruta que tuvieron en vilo al país en 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015), que había fijado la tasa en 35%.