Desde 2009, el gobierno de Ricardo Martinelli creó las bases de un lucrativo negocio para una empresa. Cobranzas del Istmo logró reglas a su medida.
El cobro de impuestos morosos y su consecuente comisión le generó millones de dólares. En poco tiempo se ha revelado cada paso gestionado a su favor.
El 25 de agosto de 2010, Luis Cucalón, entonces director general de Ingresos, y Magaly Ramos, representante de Cobranzas del Istmo, firmaban el contrato que daba inicio a una relación que resultaría muy lucrativa para la empresa. Cobranzas del Istmo fue elegida para recuperar deudas de los contribuyentes, servicio por el cual se llevaría una serie de comisiones dependiendo de la antigüedad de la cuenta.
Antes de agosto de 2010 se habían aprobado las leyes y reglamentaciones que crearon la figura legal de la tercerización del cobro de impuestos.
Entonces nadie parecía oponerse a una empresa y un modelo de los que ahora todos los responsables políticos reniegan. El contrato no establecía exclusividad, pero Cobranzas del Istmo sí disfrutó de ella porque la Dirección General de Ingresos (DGI) nunca autorizó a otra firma para prestar el servicio.
En los poco más de cuatro años que duró la relación contractual, Cobranzas del Istmo facturó $47.1 millones al Estado, según las auditorías elaboradas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Esos informes revelan también un manejo irregular en la asignación de cuentas, en el cálculo de las comisiones para la empresa, y hasta el cobro de comisiones por el pago de impuestos de una empresa estatal, Tocumen, S.A.
A continuación, un recorrido por una historia larga y compleja, que empezó antes de la firma del contrato y continúa después de su suspensión. Una historia de la que todavía no se ha escrito la última página.
