La contaminación del agua es una grave amenaza para la salud humana y el crecimiento económico; un problema cuyos costes sociales, ambientales y económicos se estiman en miles de millones de dólares anuales. Y la agricultura es uno de sus principales causantes, especialmente en países emergentes y de ingresos altos.
Si bien el auge agrícola que siguió a la Segunda Guerra Mundial logró impulsar la productividad, también dio lugar a amenazas ambientales y, como consecuencia, a posibles problemas para la salud humana por el uso intensivo de insumos, como plaguicidas y fertilizantes químicos.
Se estima que actualmente se emplean 115 millones de toneladas anuales de fertilizantes. El 20% de estos insumos se acumula en los suelos y la biomasa, mientras que el 35% acaba en los océanos. A esto se suman los plaguicidas químicos; 4.6 millones de toneladas que son rociados cada año en el medio ambiente. También lo es la ganadería.
La intensificación de la producción pecuaria ha visto surgir una nueva clase de contaminantes: antibióticos, vacunas y promotores hormonales que viajan desde las granjas a los ecosistemas y al agua que bebemos.
Los contaminantes más preocupantes para la salud humana son los patógenos del ganado, plaguicidas, nitratos en las aguas subterráneas, oligoelementos metálicos y los antibióticos. En el caso de la acuicultura, en la medida en que aumenta la producción, aumenta a su vez el uso de antibióticos, lo que puede contribuir a contaminar los ecosistemas aguas abajo. Todas estas fuentes de contaminación hacen que abordarla sea un desafío complejo, según advierte el informe Más gente, más alimentos, ¿peor agua?, recientemente presentado por la FAO en conjunto con el Instituto Internacional para el Manejo del Agua. Pero, ¿cómo podemos hacerle frente? Sin duda, los instrumentos normativos son una herramienta clave para reducir los productos contaminantes agrícolas. Estos incluyen estándares de calidad del agua; permisos de vertido de contaminantes; evaluaciones de impacto ambiental para ciertas actividades agrícolas; zonas tampón alrededor de las explotaciones; restricciones a las prácticas agrícolas o la ubicación de las granjas; y límites en la comercialización y venta de productos peligrosos.
Pero también se pueden adoptar otras fórmulas para hacer a la agricultura, la ganadería y la acuicultura más sostenibles. Por ejemplo, los Gobiernos pueden impulsar políticas públicas e incentivos para fomentar dietas más sostenibles; limitar la demanda de alimentos con gran huella ambiental; fomentar la adopción de prácticas que minimicen la emisión de nutrientes y plaguicidas o nuevas técnicas y tecnologías de reciclaje de nutrientes, como biodigestores de los residuos agrícolas.
Como consumidores, también podemos tomar decisiones que contribuyan a reducir la pérdida de recursos hídricos utilizados en la producción de alimentos que no se consumen, evitando el desperdicio de alimentos y reduciendo así el impacto ambiental.
Todos podemos contribuir a hacer una agricultura más sostenible. Es una cuestión ética y de responsabilidad, por nuestra salud y la de nuestro medio ambiente.
El autor es coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica y representante en Panamá