Las reuniones plenarias del diálogo por la Caja del Seguro Social (CSS) terminarían este año el 15 de diciembre, para retomar conversaciones a inicios de 2022, cuando la coordinadora del proceso así lo proponga.
Pero contrario al nivel de avance que se habría esperado tener en la mesa plenaria, en donde en este momento se analizan propuestas para reformar el sistema administrativo de la entidad, se ha avanzado con muy pocas acciones consensuadas.
De hecho, son pocas las sesiones que finalmente han terminado en proceso de votación por falta de quórum decisorio.
Las posturas, cada vez más polarizadas, se han concentrado esta semana en el aumento de cinco a siete años de gestión para el director general, además de elevar de 11 a 17 la cantidad de personas sentadas en la junta directiva, y más recientemente crear una nueva estructura de subdirectores.
De acuerdo con lo que se plantea, un subdirector estaría encargado de las prestaciones económicas, otro se dedicaría a la administración corporativa y un tercero a las finanzas.
No faltaron voces que estuvieron de acuerdo con este esquema, aunque se advirtió que esto no debería implicar aumento en los gastos de planilla, algo difícil de cumplir cuando no se ha hablado de suprimir puestos para darle cabida a los nuevos.
También se alzó la voz para advertir que las funciones que asumirían estos subdirectores ya son gestionadas por los directores de los respectivos departamentos en función, por lo que no había justificación de crear altos puestos gerenciales.
Alexander Pineda, representante de los Pacientes Crónicos en el diálogo, rechazó el nombramiento de más directores porque “no se necesita más personal”.
En la plenaria también se ha discutido elevar de $100 a $500 dólares la dieta que reciben los miembros de la junta directiva por cada reunión a la que asisten.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ha calificado de inadmisible el aumento de la dieta y rechazó el incremento de los miembros en la junta directiva.
Por otro lado, ayer se planteó la posibilidad de darle más poder al director de la CSS, al proponer que sin pasar por el aval de la junta directiva pueda aprobar gastos hasta por $700 mil, cuando el tope actual es de $250 mil.
Las propuestas, en su mayoría, nacen de las mesas temáticas, pero en la plenaria se someten a cambios e incluso se presentan contrapropuestas.
A medida que avanza el proceso, el ambiente se ha vuelto cada vez más tenso. Ayer, José Alba, representante de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos (Fenasep), exigió un receso, bajo amenaza de levantarse de la mesa en caso que no se le concediera.
“Si no nos dan el receso, nos paramos y rompemos con el quórum”, dijo, tras haber pedido en dos ocasiones un tiempo de cinco minutos para aclarar uno de los puntos en discusión.
Ayer, después del receso del mediodía, la plenaria no volvió a sesionar.
“El diálogo ha perdido el norte en estos momentos, distante de retornar a los temas más críticos que son el inminente colapso del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, y el desabastecimiento de medicamentos y prestación deficiente de servicios en salud”, dijo a este diario Daniel Lombana, representante de los diputados independientes.
