El aumento de los precios no cesa y sigue presionando los bolsillos de consumidores y de empresas.
Las causas de esta ola inflacionaria son múltiples, y la consecuencia última es la reducción del poder adquisitivo de compañías y de familias, en un momento en que la economía trata de recuperarse tras la fuerte sacudida de 2020.
El cierre de actividades y de movilidad para contener el coronavirus llevaron al índice de precios al consumidor (IPC) a terreno negativo en 2020, pero este año la tendencia ha sido ascendente hasta llegar a un 3.4% interanual en el mes de noviembre, según las últimas estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).
Según la entidad, los grupos que presentaron incrementos fueron transporte, con un alza de 14.8%, principalmente por el costo de los combustibles y del transporte aéreo; la educación, con 3.1%; vivienda, agua, electricidad y gas, con un 2.6%; alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2.3%; así como restaurantes y hoteles, con 2.1%.
El aumento de los precios no es una cuestión exclusiva de Panamá. El fenómeno se repite internacionalmente.
El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Luis Frauca, comentó ayer a este diario que durante este año, en varias ocasiones han subido en origen los precios de materiales y materias primas que se importan. Además, es notorio el alza de los fletes marítimos internacionales, cuyos precios son impulsados por una congestión logística y la escasez de contenedores.
Esos dos factores, inciden además en mayores impuestos de importación.
Además, según explicó el empresario, como no hay certeza de que existan los productos que requieren adquirir en las próximas compras, tienden a elevar los inventarios, lo que genera costos adicionales.
En el caso de los productores agropecuarios, la presión viene por el aumento en fertilizantes y agroquímicos, que son importados.
En la cadena de distribución local tiene incidencia además el incremento en el precio de los combustibles, así como los costos de energía y los cargos que se hacen a lo largo de la cadena de comercialización, explicó Frauca.
Esas presiones a lo largo de la cadena de importación y distribución se terminan reflejando finalmente en los precios al consumidor.
Giovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu) dijo que el efecto para las familias es duro porque tienen que dedicar más recursos para comprar productos que en el pasado inmediato estaban más económicos.
El economista Felipe Argote señala que el aumento de los precios tiene mucho que ver con el crecimiento acelerado de la economía global. Apuntó que en Estados Unidos o Europa el poder adquisitivo de las personas cubre parte de este aumento de precios.
En Panamá, no obstante, la recuperación no ha sido tan rápida como debería, según el economista, y por lo tanto no se ha recuperado el poder adquisitivo de la población. “El aumento de precios aumenta la crisis de demanda”, aseguró Argote.
Un indicador que refleja que queda camino por recorrer en la recuperación es el desempleo.
Según la última Encuesta de Mercado Laboral del Inec, la población desocupada en el país fue de 222,080 personas en octubre de este año, cifra que refleja un aumento de 52% en comparación a agosto 2019, cuando se registraron 146,111 desocupados. La tasa de informalidad, por su parte, se ubicó en octubre en 47.6% de la población ocupada no agrícola.
En este momento de reactivación económica, alto desempleo y precios crecientes, el Gobierno debe tomar una decisión sobre el futuro del salario mínimo, luego de que representantes de trabajadores y de empresas no llegaran a un acuerdo.
Un eventual aumento del salario mínimo podría ayudar a mejorar el poder adquisitivo de las personas que ya tienen trabajo, pero desde el sector empresarial advierten de que tendría un impacto en la generación de empleos para los que están desocupados. “No se dan las condiciones adecuadas para hacer un ajuste de salario mínimo tomando en cuenta el nivel de desempleo que hay. No podemos generar recursos para el que ya tiene, si no hemos generado recursos para el que no tiene”, sostuvo Frauca.
Además, un eventual aumento del salario mínimo elevaría los gastos de las empresas y se terminaría traduciendo en mayor inflación.
Para Argote, una solución para activar el empleo sería la ejecución de un plan agresivo de infraestructuras para generar empleo, mejorar el poder adquisitivo de la población y activar más el consumo.
