El comienzo de 2021 con una cuarentena total, a la que siguió una reapertura gradual de actividades y que todavía mantiene restricciones en la operación de determinados sectores económicos en un intento de las autoridades sanitarias por controlar la pandemia del nuevo coronavirus se tradujo en una caída en los ingresos corrientes del gobierno central.
Entre enero y febrero los ingresos corrientes totales sumaron $592.5 millones, cifra que representa una caída de $409.2 millones o 40.8% por debajo de los $1,001.7 millones recaudados hasta febrero de 2020, según figura en el informe preliminar de recaudación de la Dirección General de Ingresos (DGI).
En el informe correspondiente a enero, la entidad explicó que debido a las restricciones de movilidad por la pandemia, “el mes de enero de 2021 solo contó con 17 días de recaudación, desde el 16 de enero al 1 de febrero de 2021, donde los ingresos corrientes se vieron afectados, presentando un total de $251.7 millones”.
Como consecuencia de la cuarentena absoluta decretada para las primeras dos semanas de 2021, la DGI habilitó el 15 de enero para el cierre fiscal de 2020, de manera que el ejercicio 2021 comenzó el 16 de enero.
Además de este factor, los datos de ingresos reflejan la menor actividad económica, especialmente cuando se compara con los dos primeros meses de 2020, cuando todavía no se había declarado la emergencia nacional.
Por ejemplo, el impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms) a las ventas, un indicador que refleja el nivel de consumo, generó hasta febrero $64.5 millones, un 27.6% menos de lo que se había presupuestado y un 60.1% menos de lo recaudado entre enero y febrero de 2020.
En otros tributos, como el impuesto sobre la renta que pagan las empresas, este año se va a reflejar “el nefasto 2020”, explicó Javier Mitre, abogado especialista en tributación, ya que el pago que se efectúe este año corresponde al periodo fiscal 2020.
“Este año se va al impacto de las pérdidas, de los cierres de locales, de empresas, de sociedades... El panorama no varía mucho de lo que ya conocemos, de todas las restricciones y el bajo consumo”, sostuvo el especialista.
El avance de la vacunación y de la paulatina normalización de la actividad económica podría cambiar la tendencia de los ingresos y propiciar una remontada.
Para Mitre, proyectos como la adopción de la factura electrónica y la conectividad de los equipos fiscales con la DGI podrían ayudar a mejorar la recaudación, pero esto es algo que sucederá en la segunda mitad del año.
La administración, mientras tanto, tiene que procurar un balance entre conceder medidas de alivio para unos contribuyentes todavía afectados por la crisis y no afectar más la recaudación.
En la Asamblea Nacional fue aprobado en primer debate un proyecto de ley para extender la amnistía fiscal. La propuesta permitirá a los contribuyentes pagar hasta el 31 de julio de 2021 los tributos morosos al 31 de diciembre de 2020 con la condonación del 85% de los intereses y recargos.
Además, podrán celebrar arreglos de pago hasta el 31 de julio de 2021, abonando un 25% del impuesto adeudado, con un plazo para pagar hasta el 31 de diciembre de 2021.
De igual forma, los que tuvieran un arreglo de pago anterior, tendrán hasta el 31 de diciembre para cancelar el monto adeudado. Como en ocasiones anteriores, la norma no establece cuotas para ir pagando la cuenta, pero para recibir el beneficio sí exige que se haya terminado de cancelar antes de la fecha límite, en este caso el 31 de diciembre de 2021.
Según la exposición de motivos del proyecto de ley, el objetivo de la norma es extender los beneficios de la amnistía previamente concedida para permitir que los contribuyentes cuenten con más tiempo para cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias morosas, a la vez que se pretende aumentar la recaudación.
Además, se concederá un descuento del 5% del monto a pagar en impuesto sobre la renta y el impuesto estimado para aquellas empresas con ingresos inferiores a $2.5 millones, siempre que paguen estos impuestos dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigor de la ley.
El pasado viernes, la DGI publicó en dos resoluciones que el plazo para presentar la declaración jurada de rentas correspondiente al periodo fiscal 2020, que habitualmente se hace en marzo con derecho a una prórroga de un mes, se extiende hasta el 3 de mayo.