La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) realizó 106 inspecciones a entidades financieras entre 2015 y mayo de 2016.
La mayor parte de los procesos se hicieron a bancos. En 2015, entre inspecciones in situ y especiales se efectuaron 54 supervisiones, mientras que en los cinco primeros meses de 2016 el regulador hizo 24 inspecciones.
Así consta en el documento Evaluación nacional de riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo de Panamá, documento presentado el pasado martes que fue encargado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), y que sirve para identificar las actividades económicas de mayor riesgo para el lavado de capitales.
Además de bancos, entidades como fiduciarias, empresas de leasing, de factoring y financieras fueron objeto de inspecciones.
Estos procesos se efectuaron luego de la entrada en vigor del nuevo marco legal de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Como resultado de las mismas, el regulador impuso sanciones monetarias por violaciones u omisiones a la normativa antiblanqueo a 20 entidades, por un total de $3.2 millones.
El pasado 6 de enero, la SBP publicó por primera vez las sanciones superiores a $5,000 impuestas a bancos por incumplir las normas del régimen bancario y por violaciones al régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Las entidades sancionadas fueron el extinto Banco Universal, la estatal Caja de Ahorros, Banesco, Unibank, Global Bank, Banco Ficohsa, Banco Azteca Panamá y Austrobank Overseas Panamá.
DIMENSIÓN DEL SECTOR
La evaluación nacional de riesgos sitúa el sector financiero y específicamente el bancario entre los más vulnerables para el lavado de capitales. “Este sector puede ser altamente vulnerado, pues es receptor de gran cantidad de dinero del exterior, que luego es colocado en forma de préstamos en los sectores no financieros, que pueden ser más vulnerados para la etapa de integración de la economía, como el comercio exterior, representado en gran parte por las zonas libres, y el sector inmobiliario y de construcción”, señala el documento.
Dentro del ecosistema financiero de Panamá, el sector bancario es el más significativo. Los activos totales de la estructura del sistema financiero sumaban $129 mil 285 millones a diciembre de 2015. De ese total, $118 mil 945 millones corresponden a activos bancarios, es decir, el 92.51% del total.
El resto se reparte entre aseguradoras ($2 mil 600 millones), valores y fondos de pensiones ($2 mil 400 millones), cooperativas (mil 900 millones de dólares), financieras (mil 300 millones de dólares) y otros ($2 mil millones).
En el sector financiero hay 4 mil 229 sujetos obligados, empresas o individuos que operan en cada uno los subsectores y que deben reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero. El que más sujetos obligados tiene es el sector de seguros (3 mil 433), entre aseguradoras, reaseguradoras, aseguradoras cautivas y corredores de seguros, entre otros. En 2013, la unidad de inteligencia recibió 899 reportes, en 2014 fueron mil 5 y en 2015 el número ascendió a mil 734 informes.