La CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- me invitó a dar las conclusiones y cierre en la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2019 “Integridad en las Políticas Públicas. Claves para prevenir la corrupción” por Gustavo Fajardo.
El estudio, de lectura altamente recomendada, señala las condiciones que resultan necesarias para propiciar una reforma en la lucha contra la corrupción: “Un sistema político contestable, es decir, que los individuos en el poder tengan la amenaza real de ser reemplazados; la coordinación ciudadana sostenida alrededor de la agenda de integridad; y un encargado de liderar y promover la implementación de las reformas”.
La división del estudio en cuatro categorías ayuda a abordar el problema: reglas y control en la función pública; mecanismos de entrada a la burocracia y a la política; transparencia y monitoreo ciudadano; y la gobernanza de los intereses privados.
En la parte dirigida al mundo empresarial trata de convencer con números. Demostrar el famoso caso de negocios: corrupción es mala para los negocios. Razón suficiente para combatirla. Cierto, pero hay más, y es más complejo. La corrupción es, inicialmente, muy “buena” para los negocios de “algunos”.
Las consecuencias potencialmente más nocivas están asociadas “a la pérdida de confianza en las instituciones públicas y el sistema democrático.
El deterioro de la legitimidad de las instituciones de gobierno abre las puertas de la inestabilidad política y social. El “buen” negocio inicial no se va poder disfrutar en paz.
Añado la razón, para mí, más importante para combatirla: simplemente porque está mal. Con eso debe bastar. Hacer lo que es correcto precede al caso de negocio. Reconozco que no siempre es así. No soy tan ingenuo.
La complejidad del problema me lleva a insistir que la corrupción no era, ni ha sido en los últimos tiempos, y en particular en Latinoamérica, necesariamente ir contra la ley sino cambiar la ley para poder hacer arreglos bajo la mesa.
Eso es Panamá, su ley de contrataciones públicas y sus excepciones. Es el Estado capturado. Su instrumento número uno: la ley, al servicio de una corrupción legalizada.
El estudio señala acertadamente que un catalizador para las reformas en la lucha contra la corrupción es el factor externo o internacional. Para Panamá es fundamental.
Como me ha dicho la periodista Ana Cerrud, en Panamá “no hay suficiente presión social para un cambio y no solo en el sentido de protesta callejera, sino a la que ejerce un grupo emergente con intereses distintos, referencias distintas, aspiraciones distintas, valores distintos. Aquí, transición significa, ahora me toca a mi”.
Con los treinta años de ejercicio profesional como abogado, y más de veinte como estudioso y practicante en la lucha por la transparencia, ética, buen gobierno corporativo y anticorrupción, puedo dar fe que los cambios en Panamá se producen por presión externa. Cambios realmente importantes usualmente han venido, y vendrán, de afuera. Estudios relevantes también.
El autor es abogado.