Una creciente tendencia a introducir leyes para regular determinados sectores de la economía puede afectar el proceso de recuperación, que intenta remontar el vuelo tras una caída histórica de 17.9% en el producto interno bruto, como consecuencia de las restricciones impuestas por el Gobierno en su intento por contener la pandemia del nuevo coronavirus.
Representantes del sector privado se han manifestado al respecto. El Consejo de Expresidentes de Gremios de Panamá señaló que “ve con preocupación que organismos del Estado, los cuales deben impulsar iniciativas en pro del desarrollo del país, estén enfocados en impulsar leyes que se prestan para intervencionismo gubernamental hacia el sector privado”.
Este grupo recordó que desde hace años se han impuesto medidas de control de precios y más recientemente “se pretenden regular temas como el costo de escuelas, intereses bancarios y normas para establecer costos de mano de obra en puertos nacionales, creando paralelismo a lo establecido por nuestro Código de Trabajo”.
Nicolás Vukelja, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, dijo que en el caso del proyecto de ley 94, que modifica la ley general de puertos y eleva el salario base mínimo de los trabajadores portuarios a $4.15 la hora, el gremio planteó desde 2019 unos comentarios y posiciones que no se contemplaron finalmente. Cuestionó que se pretenda elevar el salario de los trabajadores de un sector cuando a finales de año habrá una revisión del salario mínimo de todos los trabajadores y dijo que ese aumento provocaría un ajuste en cascada para otros empleados. El aumento se terminaría trasladando a la carga y, en última instancia, al consumidor.
“ Todo este tipo de leyes que interceden en el desarrollo de la actividad productiva de una democracia con libre oferta y demanda, implica una situación de riesgo para la productividad del país”.
Elisa Suárez, presidenta de Apede
Vukelja llamó la atención sobre el precedente que se crearía y que abriría la puerta para que se pretendiera regular el salario del sector turístico o el bancario de manera específica, por citar algunos ejemplos.
Dijo que iniciativas de este tipo proyectan una imagen de desorden y de que existen leyes paralelas, algo que entorpece las acciones que se promueven por otras entidades de gobierno para atraer inversión.
La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Elisa Suárez, comentó que “todo este tipo de leyes que interfieren directamente en el desarrollo de la actividad productiva de un país democrático con un mercado de libre oferta y demanda, implica una situación de riesgo para la productividad del país y, a la vez, buscan eliminar derechos fundamentales de un estado de derecho”.
Suárez dijo que se puede generar un clima que no es propicio para la inversión, ni nacional ni extranjera, que ha sido un pilar de la economía de Panamá.
El presidente del Centro Nacional de Competitividad, Irvin Halman, señaló que “entre las ventajas competitivas históricas de Panamá están su apertura de mercado, libre empresa y la estabilidad macroeconómica. Las regulaciones que controlen el mercado deben ser analizadas técnicamente y a profundidad por sus posibles impactos adversos y no solo por un beneficio coyuntural, especialmente en un momento donde, particularmente debido a la Covid-19, deben considerarse variables socioeconómicas como inversión [local y extranjera], empleo y crecimiento, para retomar la senda de un desarrollo que sea sostenible”.
En el caso del proyecto que regula el salario en los puertos, una entidad del Órgano Ejecutivo -la Autoridad Marítima de Panamá- ha advertido de sus riesgos y mostrado su preocupación. (Ver nota relacionada).
Suárez comentó que se aprueban las leyes desde el Legislativo y se pone al presidente en una situación difícil, ya que este debe sancionar o vetar las normas.
“Parece que hay una confrontación entre los propios órganos del Estado”, mientras el sector productivo es el que sufre y donde se han dado las suspensiones y ceses de trabajadores. “Necesitamos que nos permitan producir y para eso necesitamos un Estado que sea facilitador de la inversión y definitivamente no puede ser un Estado intervencionista”, sostuvo.
Uno de los factores fundamentales en la reactivación de la economía es el crédito y este se puede ver afectado con iniciativas legales que ponen límites a las tasas de interés.
La presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Aimeé Sentmat de Grimaldo, dijo que cuando se ponen límites a las tasas de interés, como pretende un proyecto de ley, el efecto directo es que las personas de un perfil de riesgo más elevado se quedan sin acceso al crédito, cuando precisamente uno de los desafíos del sistema bancario panameño es elevar la inclusión bancaria. Entonces lo que parecería “una supuesta ayuda” estaría, en realidad, “complicando un problema que sí hay, que es la falta de inclusión”, sostuvo.
La presidenta de la ABP añadió que se debe abogar por mantener un sistema bancario competitivo, en el que haya más participantes, porque cuando hay menos oferta es más difícil conseguir buenos precios. Lo que ha sucedido en otros países de la región que han regulado las tasas es una reducción de la oferta de crédito.
Para la ejecutiva, más allá del sector bancario, la estabilidad jurídica es clave para la inversión privada como motor de la economía, ya que es este sector el que genera empleos.
