El gobierno modificó la regulación para incrementar las multas a los funcionarios que sean sorprendidos utilizando vehículos oficiales para actividades particulares, sin embargo, algunos analistas consideran que todavía las sanciones establecidas son irrisorias.
Los cambios aparecen en el Decreto Ejecutivo 167 del 22 de julio de 2021, que lleva la firma del presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, con lo cual se modificó el Decreto 124 de 1996.
Se incrementó la multa de 100 dólares a 200 dólares al servidor público que sea sorprendido conduciendo un automóvil del Estado fuera de horario o para otras actividades particulares.
Al mismo tiempo extendió la sanción por esta irregularidad a los jefes de departamento de cada entidad estatal encargado de la flota vehicular.
Igualmente, la regulación establece que el jefe inmediato del servidor público que conduzca el vehículo y que lo utilice, autorice o consienta su uso fuera de horas laborables o para uso distinto al servicio público al que está destinado, será sancionado con multa de 300 dólares.
Así mismo, el jefe de transporte o director administrativo o la autoridad institucional que utilice, autorice o consienta el uso de un vehículo de propiedad estatal, fuera de horas laborables o para uso distinto al que está destinado, será sancionado con multa de 500 dólares. También se añaden sanciones por vehículos en circulación sin placa o con placa vencida.
Con estas modificaciones en las multas, el abogado Ernesto Cedeño considera que se perdió la oportunidad de enviar un mensaje más enérgico a aquellos funcionarios que utilicen vehículos del Estado para actividades particulares.
“Las sanciones se pudieron haber establecido de $500 en adelante”, señaló.
La Dirección Nacional de Fiscalización General de la Contraloría General de la República informó que durante lo que va de 2021, se han recibido 22 denuncias en la Dirección de Denuncia y Participación Ciudadana de la institución.
Como parte del procedimiento, estas 22 denuncias fueron atendidas a través de notas enviadas a los titulares de las entidades propietarias de los vehículos denunciados.
“Para la Contraloría es importante que la ciudadanía no solo reporte quejas en redes sociales, sino que las canalice a través de los respectivos canales de denuncia para que se agoten las investigaciones y juntos coadyuvemos al cuidado de los bienes y fondos públicos”, respondió tras la consulta de este diario sobre las denuncias recibidas.
Sobre la modificación al Decreto Ejecutivo No.124, la Contraloría indicó que se ha incluido en esta modificación al jefe de transporte por ser el responsable directo de la administración de la flota vehicular de la entidad, por ser el que instruye y asigna las misiones a los conductores.
