El Grupo de Acción Financiera (GAFI) mostró ayer nuevamente una “significativa preocupación” porque Panamá no logró completar el plan de acción que fue pactado con el organismo internacional en junio de 2019 para abordar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. El organismo recordó que el plan de acción expiró en enero de 2021.
“El GAFI insta encarecidamente a Panamá a que demuestre rápidamente un progreso significativo en la finalización de su plan de acción antes de junio de 2022”, señaló la entidad.
Si esto no sucede, considerará los siguientes pasos, que podrían incluir un llamamiento a sus miembros e instar a todas las jurisdicciones a aplicar una mayor diligencia debida a las relaciones y transacciones comerciales con Panamá.
Estos comentarios figuran en el comunicado que contiene los resultados de la primera plenaria anual del GAFI, celebrada en París con un formato híbrido.
En octubre de 2021, al término de la plenaria anterior, el presidente del GAFI, Marcus Pleyer, había advertido de que si no observaban suficiente nivel de avance, considerarían incluir a Panamá en la denominada lista negra, en la que solo están Irán y Corea del Norte. En la cita que concluyó ayer Panamá evitó la inclusión en la lista negra.
El GAFI reconoció avances en mejorar el entendimiento de los riesgos de lavado de activos vinculados a entidades legales, pero no rebajó el tono de urgencia para que el país aborde el reto de asuntos pendientes, como garantizar sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas en respuesta a violaciones del régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo; asegurar una verificación adecuada de información actualizada sobre los beneficiarios finales de entidades obligadas, así como el acceso oportuno por parte de autoridades competentes, estableciendo un mecanismo efectivo para monitorear las actividades de las entidades offshore; y demostrar capacidad para investigar y procesar el lavado de dinero vinculado a delitos fiscales en el extranjero, así como seguir proporcionando cooperación internacional constructiva y oportuna para esos delitos.
El abogado Carlos Barsallo dijo que esta evaluación debe ser tomada muy en serio porque contiene palabras fuertes, en referencia a términos como “significativa preocupación”, “encarecidamente” y “mostrar progreso rápidamente”, entre otros.
“En este tipo de documentos, que se elaboran con cuidado, no son palabras que se usan a la ligera”, dijo el abogado, que resaltó además la amenaza que se incluye si no hay avance en junio de 2022.
“Nos hemos quedado en la lista gris, lo cual es un estatus de por sí lamentable, y no hay nada que festejar”, dijo sobre el hecho de que el país haya esquivado el paso a la lista negra.
El próximo mes de junio, por lo tanto, Panamá tendrá otra prueba de fuego para conocer su futuro en esta lista. Habrán pasado ya tres años desde que el país ingresó en la relación de territorios con deficiencias en sus regímenes de prevención del blanqueo de capitales.
El país había estado anteriormente en la lista, entre junio de 2014 y febrero de 2016, es decir que logró salir de ella en un periodo menor a dos años.
En esta ocasión, en medio sucedió la pandemia del nuevo coronavirus, pero Barsallo recuerda que ha habido países, como Bahamas, que salieron de la lista durante la pandemia.
Además de actualizar la lista gris, el GAFI aprobó modificaciones a la recomendación 24, que tiene que ver con la disponibilidad y acceso a información sobre los verdaderos dueños de compañías.
Según GAFI, los países tendrán que asegurar que la información sobre beneficiarios finales está en manos de una autoridad u organismo público que funciona como un registro de beneficiarios finales o un mecanismo alternativo que sea eficiente. Además, se requerirá a los países que las autoridades competentes puedan acceder de manera rápida y eficiente a la información sobre los beneficiarios finales.
