La Covid-19 deteriora la relación laboral

La crisis laboral y los cambios transitorios de las normas que regulan la relación entre empleados y empresas ha generado, durante los últimos cuatro meses, una tensión sin precedentes. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha tenido que valerse de varios decretos y, más recientemente, de la presentación de un proyecto de ley, ya aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional, para normar de forma transitoria un mercado en el que más de 800 empresas han recurrido a la reducción de la jornada laboral de unas 19,924 personas. Además, otros 241 mil trabajadores permanecen con contratos suspendidos, algo que parece convertirse en parte de lo que llaman “la nueva normalidad”, cuando continúan actividades comerciales cerradas por orden del Ejecutivo y sin fecha de reapertura. En este contexto adverso, los gremios sindicales y las organizaciones obreras han denunciado la pérdida de bienestar para muchos trabajadores y, por otro lado, la toma de decisiones que vulneran sus derechos en algunas empresas. El Mitradel da cuenta que algo de esto está sucediendo, cuando desde el mes de abril hasta julio de 2020, periodo en el que la Covid-19 se ha ensañado con el mercado laboral, se han recibido 5,806 denuncias laborales en la página electrónica de la entidad. Parece poco en proporción a todas las personas con contratos suspendidos por más de 15 mil empresas del sector privado, pero los trabajadores y las autoridades reconocen que muchas personas deciden no hacer los trámites de las denuncias, ante el temor de perder su empleo de forma definitiva. La mayor parte de estas denuncias, específicamente el 37%, está vinculada con la suspensión temporal de los contratos. Se están dando casos, por ejemplo, de trabajadores que son suspendidos verbalmente, lo que indica que el empleador no hace el trámite ante el ministerio. Esto evidentemente se convierte en un problema, porque el trabajador no puede reclamar los beneficios de los subsidios laborales a cargo del Estado. También se conoce de colaboradores que a pesar de estar en suspensión laboral, siguen prestando servicios diariamente, y son remunerados con un salario por hora muy por debajo del que dictamina su contrato. El artículo 203 del Código de Trabajo establece que las suspensiones de los efectos de los contratos de trabajo se podrán realizar por un mes y prorrogar hasta por cuatro meses. En muchos casos este periodo vencía en agosto. Pero en esta materia, el proyecto 354, aprobado el pasado viernes en tercer debate en la Asamblea Nacional, precisa que las empresas podrán seguir haciendo uso de la suspensión laboral hasta el 31 de diciembre. Los trabajadores suspendidos no están obligados a prestar servicios, ni los empleadores a pagarles. Sin embargo, dichos límites se han traspasado en algunos casos, cuando la empresa tiene la necesidad de hacer trabajos puntuales y llama al trabajador, que requiere con urgencia una entrada de ingresos para subsistir. Según las denuncias de los trabajadores ante el Mitradel, de la totalidad de los casos reportados, el 19% reporta despidos injustificados y el 17% se ha quejado formalmente por el pago de prestaciones laborales que no representan lo que por ley corresponde. Hay despidos cuya causal es el estado de emergencia a raíz de la pandemia, cuando evidentemente esto no es responsabilidad del trabajador. Un despido justificado por la ley panameña sería abandono del puesto, faltas injustificadas, impuntualidad, engaño, robo, etc. La causal o motivo del despido es importante porque ello altera el pago de prestaciones e indemnizaciones, y el reconocimiento de otros derechos en la dinámica laboral. Por otro lado, la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, (CGTP) ha denunciado que algunos empleadores están modificando el horario de los trabajadores, vulnerando lo señalando en el artículo 197 del Código de Trabajo, que impide la alteración unilateral de la condición de trabajo; además, que el artículo 223 lo estable como una causa de renuncia justificada. El Decreto Ejecutivo No.101 de 13 de julio de 2020 señala que el acuerdo de modificación o reducción temporal de la jornada de trabajo, que incluye convenir métodos para lograr la recuperación gradual de la jornada a los niveles existentes antes de la crisis, no afectará la rata por hora pactada en el contrato de trabajo vigente. Sin embargo, hay que tener presente que a menor cantidad de horas trabajadas al mes, menor será el ingreso durante este periodo. Respecto a este tema, en este último decreto se determinó que “el acuerdo de modificación o reducción temporal de la jornada de trabajo tendrá una disminución máxima del 50% de las horas de trabajo por mes”. Se ha conocido de empresas que proponían a los trabajadores acuerdos de reducción de jornada de hasta un 70%. Pero así mismo como hay empresas que han faltado a la norma laboral, también se conoce de otras que, a pesar de que sus empleados están suspendidos, siguen pagando una porción de sus salarios, entregan vales canjeables en supermercados de la localidad y mantienen vigentes sus seguros médicos privados.

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