Nadie es ajeno a la pesadilla económica que vive el país. Amigos, vecinos, familiares y colegas, que antes de la pandemia de la Covid-19, tenían trabajos estables y entradas recurrentes de ingresos, hoy venden verduras, productos procesados y comidas preparadas, u ofrecen algún servicio en línea.
Algunos exploran nuevas facetas dentro de sus áreas de experiencia y han encontrado oportunidad para “reinventarse”, pero la gran mayoría sobrevive día a día.
El coronavirus ha cobrado la vida de más de 1,000 personas en Panamá y mantiene en este momento en suspensión laboral a 273 mil trabajadores, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
El confinamiento y el cierre de casi todas las actividades productivas mantiene inoperante o a media marcha a la gran mayoría de las empresas.
Para los trabajadores, la situación se refleja de dos maneras: con la conocida suspensión laboral o, por otro lado, con la reducción de la jornada de trabajo.
En el primer caso, las empresas que se vieron obligadas a cerrar, por decreto ejecutivo, se acogieron al artículo 203 del Código de Trabajo, que establece que las suspensiones de los efectos de los contratos de trabajo se podrán realizar por un mes y prorrogar hasta por cuatro meses.
Los trabajadores en esta condición no están obligados a prestar servicios, ni los empleadores a pagarle.
En tanto, el artículo 159 del Código de Trabajo indica que en caso de crisis económica grave de carácter nacional, caso fortuito o fuerza mayor, que ponga en peligro la existencia de la fuente de trabajo, se puede de manera temporal, modificar o reducir los horarios o la semana de trabajo.
Con la reducción de la jornada, los trabajadores ganan lo mismo por hora, pero terminan con una merma en sus ingresos en general, al laborar por menos tiempo durante el mes.
Hasta el 3 de julio, 875 empresas habían registrado acuerdos de modificación de jornada de trabajo de unas 19,924 mil personas.
El país ya lleva más de cuatro meses enfrentando la pandemia y las restricciones continuarán, a menos que se controle el brote de la Covid-19.
El gran problema es que los largos confinamientos y la debacle económica están atizando las tensiones sociales y agrandando las desigualdades.
Extensión de contratos suspendidos
El Mitradel ha presentado en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para poder extender la suspensión de los contratos hasta el mes de diciembre.
Igualmente, plantea modificar de forma temporal el pago de las horas extra y establecer que la reducción máxima de la jornada laboral sea de hasta un 50%.
El argumento detrás de la extensión es que si los negocios y empresas siguen cerrados, será imposible que se llame a todos los trabajadores.
Muchos de los contratos fueron suspendidos desde el mes de marzo, por lo que deberían ser reactivados después de agosto, a menos que se apruebe el proyecto de ley.
El Gobierno advierte que hay pocas salidas ante esta situación.
La suspensión de los contratos es un frágil muro de contención para que las empresas no se vean en la obligación de recurrir a despidos sin tener los fondos suficientes para indemnizar a cientos de personas en medio de la crisis.
Lo ideal es mantener la mayor cantidad de plazas de empleos habilitadas para que, en el proceso de reconstrucción económica, los colaboradores puedan regresar paulatinamente. Aunque es sabido que muchos empleos nunca se podrán recuperar tras el golpe de la peor crisis después de la Gran Depresión.
Cifras alarmantes
Los 273 mil contratos suspendidos representan el 31% de los empleos formales no gubernamentales en el país, que llegan a 873,750, de acuerdo con las cifras de la Contraloría General de la República.
La situación es caótica, considerando que a estos contratos suspendidos habría que sumar a los trabajadores que no han sido registrados en el Mitradel, mayormente de la micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes).
Que un tercio de los trabajadores del sector privado tengan los contratos suspendidos de forma oficial ya dice bastante, apunta René Quevedo, consultor y analista del mercado laboral.
“Si le agregas que no hay un calendario claro para la reactivación de las actividades económicas, tenemos los elementos de una catástrofe laboral que creará las condiciones para una crisis social sin precedentes. Peor aún, esto no termina en diciembre de este año”, precisó.
El viceministro de Trabajo, Roger Tejada, advierte que temen que las empresas no puedan hacer frente a la situación y que los trabajadores queden en acefalía. De allí que se aferran a la aprobación del proyecto de ley.
Posible aumento del vale digital
Los trabajadores en suspensión laboral reciben un subsidio del Estado de apenas $100 mensuales, pero advierten que es imposible vivir con este monto. En Panamá, la canasta básica de alimentos rebasa los $300 al mes.
Además, de la totalidad de empleados en suspensión, cerca de 72 mil no han tenido acceso al llamado vale digital.
Unos 15 mil han quedado excluidos de la ayuda por ser trabajadores extranjeros que no tienen cédula panameña.
Para otros 57 mil, su registro no se ha hecho efectivo, principalmente por las carencias tecnológicas del Mitradel.
Para el ministerio resulta destacable que 201,000 personas han sido beneficiadas con el vale digital, e indican que casi el 90% de los trabajadores suspendidos ha recibido alguna ayuda de los otros programas sociales que adelanta el Gobierno.
Los trabajadores, representados por grupos obreros y sindicatos, han manifestado la necesidad de que el vale sea elevado a $500 mensuales, pero el Estado se encuentra con un debilitamiento de sus finanzas ante la caída de sus ingresos tributarios.
Tejada dijo que en las próximas semanas estarán poniendo en operación un sistema que será más eficiente en la entrega del vale, y estudian a lo interno del Mitradel el aumento de la ayuda financiera. Pero ante esta situación, recalcó que “evalúan el presupuesto”.
Espera que el proyecto de ley presentado por la ministra Doris Zapata sea discutido y aprobado en la Asamblea, entendiendo que el país se encuentra en una posición irregular e inesperada.
Miembros de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) marcharon el pasado jueves hacia la Asamblea Nacional, para pedir que no se discuta la iniciativa legislativa.
Nelva Reyes, de la CGTP, indicó que el proyecto es un retroceso en las condiciones laborales, y pidió al Legislativo que “engavete” el documento.
Denunció que se pretende que los empleadores puedan unilateralmente modificar el horario de los trabajadores, además de reducir en un 25% el recargo por trabajar horas extraordinarias, cuando la ley indica que puede ser de hasta 75%.
El proyecto de ley debe ser discutido en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional, que todavía no se ha instalado.
Este sería apenas un capítulo del drama laboral que enfrenta el país, con esquemas de protección de empleo que no pueden aplicarse por tiempo indefinido.
