La Caja de Seguro Social (CSS) recibió $539.6 millones en concepto de subvenciones en 2020, para mantener a flote el sistema de pensiones, hacerle frente a los aumentos pactados previamente con los jubilados, además de aportes vitalicios a pacientes envenenados y programas de salud y maternidad, entre otros.
La cifra es ligeramente inferior a la reportada por el Ministerio de Economía y Finanzas en 2019, cuando computó $549 millones en subsidios, principalmente a las subvenciones que el Estado tiene que asumir en concepto de aumento al pago de jubilados.
Pero la suma, en todo caso, refleja las necesidades que ya existen para mantener a flote el subsistema exclusivo de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), además de las ayudas que hay que hacer anualmente al programa de maternidad y enfermedad que administra la CSS.
Por ley, todos los años el Estado debe hacer un aporte de $140 millones para la sostenibilidad del régimen de IVM.
Además, se registraron $164.7 millones por los aumentos de pensiones pactados en 2011, y otros $136.5 millones por los incrementos de salarios básicos.
Estos serían los tres renglones que generan la mayor carga en los subsidios a la CSS, aunque también tienen un peso importante los $25 millones que se aportan al programa de Enfermedad y Maternidad y $13.6 millones en pensiones a los pacientes afectados con dietilenglicol.
A pesar de las inyecciones anuales que recibe el IVM, las grandes diferencias entre sus ingresos y los pagos que debe asumir para costear el pago de las pensiones de más de 280 mil personas hace inviable que el programa siga de pie.
De allí que los déficits anuales estén desgastando las pocas reservas del IVM, las cuales llegarían a su fin en 2024, incluso antes.
En este tema, el Gobierno ha planteado una posición de no hacer reformas paramétricas como cambios en la edad de jubilación, cuotas o tasas de reemplazo.
¿Habría una salida a la crisis sin hacer reformas paramétricas?
Jean-Pierre Leignadier, presidente de la Cámara de Comercio, advierte que si hay una salida, “quisiéramos escucharla”.
“La realidad que escuchamos y vemos de las últimas cifras que tenemos, en base a los estados financieros de 2019, apuntan a que las reservas se agotarían en 2023”. Leignadier recordó que con el golpe que han recibido las finanzas de la CSS producto de la pandemia, el problema se profundizará.
“Si no va a haber reformas paramétricas, debemos saber de cuánto tendría que ser el aporte que va a hacer el Estado y cómo va a lograr los ingresos para cubrir esos aportes sin afectar las inversiones que tiene que hacer anualmente. En ausencia de cambios paramétricos, entonces, qué cambios propondría el Gobierno”, se preguntó en la conversación semanal que tiene con los periodistas.
