La crisis del sistema de pensiones amenaza con arrastrar la economía de todo el país. El subsistema de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) está en déficit, el Estado no hace los aportes económicos que por ley debe ejecutar para mantener a flote las reservas y la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) no cumple con el mandato legal bajo el cual debe operar.
Medido al valor presente del dólar, y considerando que hasta 2077 se deben asumir pagos a los jubilados que forman parte del subsistema de beneficio definido del IVM, se calcula un déficit acumulado de $65 mil millones, de acuerdo con el análisis de expertos y los números que se dejan ver en el último informe técnico actuarial de la CSS divulgado en el mes de octubre de 2020, y basado en las cifras de 2018.
Precisamente a raíz de la elaboración de este informe es que el país pudo confirmar la precaria situación.
La junta técnica actuarial certificó la falta de ingresos en el programa de beneficio definido de pensiones, lo que provoca déficits crecientes a partir de 2019.
Esta carencia de fondos para hacerle frente a las pensiones se irá compensando con las limitadas reservas del IVM, pero estas solo alcanzarán para pagarle a los jubilados hasta 2025, es decir, que en cuatro años se acaban.
Ello genera una presión monumental para el Estado, porque de acuerdo a los dictados de la ley orgánica de la CSS (Ley 51 de 2005), el IVM debe tener una reserva mínima de 2.25 veces de sus gastos anuales. Esta disposición nunca se ha cumplido, aludiendo a la falta de informes financieros.
Pero ahora que existe el informe de la junta técnica actuarial, la directiva de la CSS tenía un plazo no mayor de 90 días, contados a partir de la presentación del reporte, para proponer “recomendaciones necesarias para equilibrar el costo de las obligaciones y el financiamiento del régimen” de pensiones, tal como lo dictamina la ley orgánica de la CSS.
Este plazo de 90 días se cumplió el pasado 8 de enero sin que se hayan entregado las recomendaciones que permitan equilibrar el sistema.
El representante de los médicos en la junta directiva de la CSS, Alfredo Macharaviaya, argumentó que al informe actuarial, con información de 2018, le falta el refrendo de la Contraloría.
Por otro lado, precisó que cualquier recomendación por parte de la junta directiva sería motivo de una intranquilidad social, por lo que prefieren que el tema sea abordado en el diálogo nacional.
Sin embargo, la ley no establece ninguno de estos factores como condiciones para frenar la presentación de las recomendaciones.
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo que el 18 de enero se iniciará el diálogo para definir el futuro del programa IVM.
“ [...] Respetando la autonomía de la Caja de Seguro Social, ese proceso comienza definiendo la hoja de ruta, fijando la fecha de presentación de los estados financieros y corridas actuariales y la propuesta de integrantes de la Comisión Nacional correspondiente”, dijo el mandatario.
Cortizo exhortó a la junta directiva y al director general de la CSS, Enrique Lau, a establecer la hoja de ruta y procedimientos de la importante misión.
“En ese sentido y considerando el inmenso efecto de la pandemia en la economía del mundo y de Panamá, les reitero que debemos ser creativos, con opciones a corto y mediano plazo que no involucren medidas paramétricas”.
Con esta solicitud, el presidente dictó la línea de lo que esperaría como resultado del diálogo.
Cuando habla de no acudir a las medidas paramétricas se refiere a descartar cambios en la edad de jubilación, cuotas de cotización o porcentajes de repago de las pensiones.
El reporte actuarial, por su parte, ya cuantifica gran parte del problema que enfrenta el IVM y ofrece escenarios, entre los que se encuentran los cambios paramétricos.
Las proyecciones indican que en 2026 el Estado tendría que poner más de $1,000 millones para tapar el déficit y honrar el pago de los jubilados porque ya no habrá reservas de donde seguir cubriendo la falta de ingresos.
Esto se va poniendo peor con los años. En 2029 ya serían $1,800 millones que tendría que poner el Estado. Y para 2031 más de $2,000 millones.
De esta situación alerta Jorge Nicolau, miembro de la Comisión de Entorno Macroeconómico y Finanzas de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), quien durante los últimos años se ha dedicado al análisis de los estados financieros de la CSS. Indica que el alcance negativo es aun más grande de lo que expresa el informe actuarial.
Las necesidades del sistema de pensiones serán tan grandes que de forma acumulada el déficit llegará a totalizar el equivalente a todo el producto interno bruto del país.
Nicolau expresa que el subsistema de beneficio definido de IVM colapsó. Al país le tocará explorar lo que han hecho otras naciones desde 1995 hasta la fecha. En 33 países se han incluido cuentas de ahorros individuales obligatorias en sus sistemas de pensiones.
En América Latina 106 millones de personas tienen ahorrados 638 mil millones de dólares en sus cuentas.
A nivel mundial, en 79 países aumentaron la tasa de cotización, mientras que 62 países ajustaron la fórmula de los beneficios o disminuyeron de plano los beneficios (monto, salario, cuotas).