A partir del 1 de junio entra en vigor la exigencia de conectar las impresoras fiscales en línea con la Dirección General de Ingresos (DGI).
La medida fue adoptada legalmente en enero de 2020 y en ese momento se establecía el 30 de junio de 2020 como la fecha en que entraría en vigor la obligación.
Vence plazo para declaración de renta
Mañana, lunes 17 de mayo, vence el plazo para presentar las declaraciones juradas de renta y pagar el tributo correspondiente.
Habitualmente, esta obligación se debe cumplir en marzo, con la posibilidad de pedir una prórroga de un mes para la presentación, pero la DGI extendió los plazos hasta el 17 de mayo debido a las restricciones impuestas a principios de año por la pandemia.
Debido a la pandemia y a la paralización de la economía en 2020, la medida se fue postergando y finalmente se empezará a aplicar a partir del próximo 1 de junio.
De manera paralela, la DGI está abriendo la posibilidad de que los comercios adopten la facturación electrónica como un método de facturación alternativo y que supondría decir adiós a las cajas fiscales.
Los comerciantes podrán decidir, por tanto, qué opción de facturación prefieren.
Impresoras fiscales
La DGI contempla distintos escenarios para hacer que los equipos fiscales se conecten en línea para transmitir la información. En algunos casos, los equipos cuentan con un dispositivo interno de comunicación y en otros se deberá incorporar un dispositivo externo. En ocasiones, la adaptación podría consistir solamente en una actualización del software. Todo dependerá del equipo previo que tenga el contribuyente.
El director general de Ingresos, Publio de Gracia, señaló a este diario que el primero de junio es “el banderazo de salida” y que próximamente empezarán a publicarse las resoluciones con las homologaciones de los distribuidores autorizados para comercializar los dispositivos.
La DGI reconocerá un crédito de hasta $400 o el 100% del costo de cada equipo fiscal con dispositivo interno o componentes de transmisión de datos.
El usuario podrá utilizar ese crédito para saldar cualquiera de los impuestos que cobra la DGI, pero deberá hacer la inversión inicial.
Consultado al respecto, Luis Padrón, presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes, dijo que ve sentido a que haya una transmisión en línea de la información de facturación, pero señaló que no es el momento más oportuno para hacer el cambio debido a la delicada situación económica que atraviesa el país. “No es el momento para cambiar impresoras, sino para salvar negocios”, sostuvo.
De Gracia defendió que se debe avanzar en el proyecto para mejorar la fiscalización, ya que con las impresoras fiscales actuales, para conocer las transacciones de un negocio los inspectores de la DGI se deben desplazar al establecimiento y descargar la información del equipo fiscal.
Con estas medidas se aspira a mejorar los niveles de recaudación tributaria y reducir la evasión fiscal. La DGI estima que la recaudación del impuesto sobre transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms) podría ser un 50% superior si no se evadiera la obligación.
De Gracia apuntó que en el próximo semestre habrá un periodo de adaptación y de acompañamiento a las empresas, así que no habría una fiscalización agresiva desde el 1 de junio para verificar la conexión en línea de los equipos.
No obstante, recordó que la obligación de entregar facturas fiscales a los clientes sigue vigente y que en este caso sí se harán operativos de fiscalización y se colocarán stickers en los comercios que no cumplan con la ley.
Factura electrónica
La alternativa a los equipos fiscales es la facturación electrónica. Su adopción será voluntaria y para hacerlo los contribuyentes deberán solicitarlo a través de un formulario que estará disponible en la página web de la DGI.
Se trata de una nueva etapa de un proceso que inició en 2018 con un plan piloto en el que participaron un grupo de empresas de distintos sectores.
A partir de junio, por tanto, los contribuyentes podrán mostrar su intención de cambiar a la factura electrónica.
Los emprendedores o las micro y pequeñas empresas que tienen ingresos anuales hasta por $1 millón y menos de 200 transacciones mensuales podrán descargar un facturador gratuito, un programa que facilitará la DGI.
Mientras, las empresas de mayor tamaño deberán contratar a un proveedor de autorización certificado (PAC), que tendrá la labor de validar las facturas y transmitir la información a la DGI.
De Gracia señaló que la masificación del proyecto se enfrentaba a limitaciones en la DGI para dar sostenibilidad al proceso de facturación. “El reto estaba en la capacidad de la DGI de estar disponible 24 horas recibiendo una cantidad importante de datos”, sostuvo.
Dijo que tras conversar con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y el Banco Interamericano de Desarrollo, se optó por la introducción de la figura de los PAC, como han hecho otros países de la región.
Estas empresas tendrán la función de validar y certificar las facturas, siendo una suerte de intermediarios entre el contribuyente y la DGI.
Para poder ofrecer sus servicios, las empresas deben ser certificadas por la DGI. A partir de junio, las que estén interesadas podrán solicitar su registro como PAC y las que sean autorizadas aparecerán en la página web de la DGI.
Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá señalaron que “para las microempresas, la DGI estará ofreciendo un facturador electrónico, con lo cual esperamos que esto no solo apoye a la formalización y profesionalización de las empresas, sino que lleve a la mayoría de las empresas a adoptar esta modalidad, que es hacia donde actualmente el mundo se mueve”. Mientras, “para las grandes empresas es un paso lógico en el desarrollo de sus negocios”, sostuvo el gremio.
Rafael Montero, ingeniero en sistemas computacionales que ha trabajado con su compañía en el plan piloto implementado en Panamá, espera que haya un interés elevado en la adopción de la factura electrónica en el país. “Con facturación electrónica, primero nos olvidamos de las facturas fiscales. La factura se puede imprimir en cualquier impresora y no en las fiscales, que son más caras y más lentas”, señaló.
Para Montero, con la factura electrónica hay costos asociados que se ahorran, como el resguardo de las facturas físicas o el mantenimiento de las impresoras fiscales.
La medida “representa un ahorro en tiempo y dinero para las empresas; mientras que para el Estado representa una mejor fiscalización tributaria, tan necesaria en estos momentos. La facturación electrónica tiene eficiencia operativa al momento de presentar la declaración de renta”, sostuvo la Cámara de Comercio, que además apuntó a la posibilidad de potenciar el comercio electrónico, un modelo de negocio que puede contribuir con la reactivación de las actividades comerciales.
