Con más de $23,000 millones préstamos modificados hasta el pasado 26 de febrero, la regulación bancaria ha demostrado a lo largo de un año de pandemia que ha tenido efectividad para generar soluciones o alivios necesarios a los deudores.
Este fue uno de los mensajes centrales del superintendente de bancos de Panamá, Amauri Castillo, en una comparecencia de dos jornadas en la Asamblea Nacional.
Desde que inició la pandemia en marzo del año pasado se han aprobado diferentes instrumentos legales para dar cabida a alivios financieros para clientes afectados por la crisis económica, entre ellos una ley de moratoria que estuvo vigente hasta diciembre de 2020.
En octubre del año pasado, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció la aprobación de un acuerdo aprobado por el regulador bancario que permitía extender los alivios hasta junio de 2021.
Castillo solicitó que la regulación se siga manteniendo “en el terreno de una autoridad técnica como la Superintendencia”, ya que se cuenta con las normas “para que los bancos y sus clientes continúen llegando a acuerdos sobre modificaciones de los términos y condiciones que originalmente pactaron para que sean objeto de reestructuración, refinanciamiento o modificación”.
Por el contrario, una eventual ley de moratoria, como sucedió el año pasado, sería más rígida. “Intentar regular una actividad que ya tiene toda una estructura de regulación y supervisión por el carácter técnico de la banca genera una presión adicional”, sostuvo.
Castillo señaló que la gestión de la cartera modificada será un desafío para los bancos y para el sistemas. En algunos casos, hay clientes que no han pagado sus obligaciones bancarias desde el año pasado, aunque el regulador también ha explicado que no se debe entender que toda la cartera modificada dejó de pagar, porque también se ha llegado a acuerdos para que algunos clientes cubran, al menos, los intereses.
El efecto de la cartera modificada y la menor colocación de préstamos nuevos por la reducción de actividad económica durante 2020 redujo los ingresos de los bancos. Además, las entidades elevaron un 89% su gasto en provisiones, lo que se tradujo en una reducción de las utilidades de 45.4% u $840 millones para un total de $1,009 millones.
Una de las preocupaciones que mostraron los diputados fue la falta de acceso a servicios bancarios para muchos panameños, mientras en la Asamblea hay proyectos de ley, que según la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), serían causa de una mayor exclusión financiera y se limitaría el crédito.
Así lo planteó el gremio en una carta enviada al diputado Elías Vigil, presidente de la subcomisión de Comercio y Asuntos Económicos, que ayer se reunió para analizar el proyecto de Ley 420, que establece un marco regulatorio de control de tasas de interés.
La iniciativa fue presentada el año pasado y finalmente se derivó a una subcomisión para su estudio y análisis.