El abogado Rubén Castillo es el presidente electo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) para el ejercicio 2022. Asumirá este importante cargo en un momento crucial para el país, que trata de salir de una fuerte crisis económica que ha afectado al tejido empresarial y el empleo, con unas finanzas públicas deterioradas y riesgos que se proyectan como la crisis del sistema de pensiones y la eventual entrada en la lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
En una conversación con este diario, uno de los desafíos que señaló tiene que ver con los altos niveles de déficit fiscal y deuda pública, que al término de 2020 llegó a un 69.8% del producto interno bruto (PIB), un aumento de más de 23 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. “Hay que ver el tema del déficit fiscal con mucho detenimiento, cómo vamos a salir de ese problema de la deuda”, sostuvo.
“ Hoy tenemos más deuda pública, un deterioro de nuestra macroeconomía y encima tenemos un problema de seguro social que está llegando a punto de ebullición”.
Rubén Castillo
Dijo que al no tener moneda propia, la herramienta del país para afrontar la situación económica sería la deuda, que “nunca es positivo que se concerte si es para pagar gastos ordinarios”.
El otro mecanismo, planteó, sería subir los impuestos, “con lo cual obviamente no estaríamos de acuerdo”. Entonces, “lo que tenemos que hacer es racionalizar el gasto público. Tenemos que hacer que las instituciones sean muchísimo más eficientes”, puntualizó.
Dijo que existe una visión del Estado, que se ha venido arrastrando por años, que a juicio de la empresa privada no es la más conveniente. “Necesitamos un Estado más delgado, más eficiente y menos burocrático”.
Valoró positivamente los avances logrados por la Autoridad de la Innovación Gubernamental con los modelos tecnológicos desarrollados para afrontar la pandemia. Eso, recalcó, hay que trasladarlo a todo lo que signifique desarrollo de actividades económicas. “Tenemos que utilizar la tecnología para que el Estado brinde servicios más eficientes”, de manera que los trámites sean más fáciles para la persona que quiera hacer una inversión.
Reforma de la CSS
Uno de los principales puntos de preocupación sobre el futuro del país para Castillo está vinculado a la crisis del sistema de pensiones.
Según el último informe actuarial, las reservas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) se estarían agotando a inicios de 2024, aunque la fecha se podría anticipar por el efecto de la pandemia en los ingresos de la entidad.
El Gobierno convocó a una mesa del diálogo nacional por la CSS, que ha venido reuniéndose por todo este año, pero aún están por discutir los temas clave vinculados a la sostenibilidad del programa de IVM. Castillo apuntó que el diálogo debe actuar con sentido de urgencia y que se debe establecer una fecha para definir cuáles van a ser los criterios a utilizar para salvar el programa de IVM.
La semana pasada se decretó un receso, mientras la Organización Internacional del Trabajo entrega un estudio actuarial que servirá de insumo para la mesa.
Castillo considera que se deben proyectar los plazos y establecer una meta. Luego del diálogo, el Ejecutivo debería presentar un proyecto para reformar la Ley Orgánica de la CSS.
El empresario recordó que a lo largo de los años, como es un tema con sensibilidades políticas, se ha ido postergando la solución.
“Si seguimos con esa política de dilación, de procrastinación, de dejar que las cosas sigan evolucionando su curso normalmente, vamos a llegar a un abismo y vamos a construir la tormenta perfecta. Hoy tenemos más deuda pública, un deterioro de nuestra macroeconomía y encima tenemos un problema de seguro social que está llegando a punto de ebullición. Eso es preocupante y hay que ponerle un punto final a través de una hoja de ruta que diga que el diálogo va a tener estos resultados en tanto tiempo”, sostuvo.
Castillo catalogó como buena la decisión de haber creado este espacio de encuentro, pero subrayó que “si nos atrincheramos en conceptos ideológicos, nunca vamos a encontrar el terreno común del cual surja el resultado que va a mejorar la condición de la CSS y en especial el programa de IVM”. Por eso, dijo, “este tema hay que manejarlo con racionalidad y utilizando criterios técnicos”.
Admitió que el sector privado, en su conjunto, ha hecho sus planteamientos y “va a seguir contribuyendo porque estima que el tema de la CSS no es un tema menor. No podemos mirar hacia otro lado”.
Además de solucionar la crisis de las pensiones, Castillo dijo que se debería hacer una reforma administrativa de la institución, que se traduciría en mejores servicios de salud.
La crisis del IVM y el deterioro de las cuentas públicas son algunos de los riesgos que analizan las calificadoras y cuya evolución puede definir el futuro de la nota de riesgo del país. Si Fitch Ratings vuelve a rebajar la calificación, Panamá habría perdido el grado de inversión con esta agencia.
Por otra parte, el GAFI advirtió en octubre de que si no observa suficiente avance en el plan de acción para contrarrestar las deficiencias existentes en el régimen de prevención del blanqueo de capitales, podría poner a Panamá en su lista negra. En lo referente a las listas, Castillo opinó que se deben cumplir los compromisos adquiridos con organismos internacionales e implementar una estrategia diplomática para defender la posición del país.
“Es un riesgo tremendo entrar en la lista negra y es un riesgo tremendo también perder el grado de inversión. Eso afectaría mucho la posibilidad de la reactivación económica”, planteó.
Recuperación
Tras la fuerte contracción experimentada en 2020, el levantamiento de restricciones en 2021 ha dado pie a la reactivación de la economía.
El Conep presentó este año al Gobierno un paquete con medidas para impulsar la recuperación de la economía y el Ejecutivo convocó a una comisión público privada para discutirlas.
Perfil. Abogado laboralista
Rubén Castillo es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, con un postgrado en Derecho Laboral por la Universidad Santa María la Antigua.
Es consultor empresarial en gestión de negocios y relaciones laborales.
Ha sido profesor de Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral en la Universidad Santa María la Antigua y en la Universidad del Istmo.
Fue presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa en el periodo 2009-2010.
En ese foro se consensuaron 43 propuestas, 12 transversales y el resto vinculadas a los sectores financiero, de energía, construcción, industria, agropecuario y turismo.
Castillo dijo que las reuniones habían sido productivas y que ahora se trabajará en la implementación de las medidas.
El objetivo último de estas acciones es crear más puestos de trabajo para paliar las consecuencias causadas por la crisis en las empresas.
Sobre la revisión del salario mínimo, decisión que quedó en manos del Ejecutivo, dijo que el momento actual es para la reactivación y la creación de empleo. “Es muy difícil que los sectores de la economía asuman aumentos de salario”, luego del impacto de la crisis en los negocios.
Castillo resaltó la importancia de proteger el tejido empresarial y particularmente a las pequeñas y medianas empresas, porque “no va a haber reactivación económica sin un sector privado vigoroso”.
Además, añadió que en su gestión va a hacer una defensa de la libre empresa, porque desde algunos sectores sociales tratan de “caricaturizar y estigmatizar a los empresarios”, cuando en la mayoría de los casos, a su juicio, actúan con estándares éticos y promoviendo el empleo y el desarrollo. “La sociedad tiene que entender que los sistemas en los que existe libre empresa, estado de derecho fortalecido y la democracia, donde la gente puede aspirar a construir su propio futuro, son los sistemas en los cuales existe prosperidad”.
