El control de los casos de nuevo coronavirus y el levantamiento de las restricciones han traído una recuperación paulatina de la normalidad en el día a día de las personas y las actividades económicas, una realidad que contrasta con el confinamiento y los cierres de negocios que se vivieron en las primeras etapas de la pandemia.
Esas medidas provocaron un desplome en la economía y, pese a la reactivación de 2021, han dejado una serie de secuelas y brechas que cerrar. El tamaño de la economía, el nivel de empleo y las finanzas públicas, aún no han terminado de cicatrizar las heridas de la crisis.
En 2020, cuando se implementaron las mayores restricciones, la economía se contrajo un 17.9%. En un año, el producto interno bruto (PIB) real pasó de $43,044 millones a $35,319.8 millones.
La reactivación de 2021 se tradujo en un crecimiento del 15.3% para llevar el PIB real a $40,736.4 millones. Como señala el Centro Nacional de Competitividad (CNC) en un análisis sobre la situación económica del país, “aunque el crecimiento en 2021 fue significativo, no fue suficiente para recuperar la caída del 2020″.

Cuando se hace el análisis por sectores, se observa que mientras la minería y el grupo de transporte, almacenamiento y comunicaciones, donde se enmarcan las operaciones del Canal, ya superaron los niveles previos a la pandemia, otros como el comercio, la construcción y especialmente el turismo están rezagados.
Irvin Halman, presidente del CNC, dijo a este diario que en términos generales valoran positivamente que la reactivación se esté produciendo más rápido de lo previsto originalmente, pero también apuntó a cierta dependencia de la producción minera y de los sectores vinculados a la exportación, mientras que siguen afectadas las actividades más ligadas a la economía local.
La convergencia con 2019 se podría alcanzar este año en términos macroeconómicos, según las expectativas del Ministerio de Economía y Finanzas, pero eso dependerá del ritmo de crecimiento logrado.
El Fondo Monetario Internacional prevé que Panamá crecerá un 5% en 2022, lo que sería insuficiente para alcanzar el nivel del PIB de 2019. Sí se superaría si se cumple la más reciente estimación del Banco Mundial, que apunta a un crecimiento del 6.5% en 2022.
Empleo
El fuerte impacto de las restricciones en la actividad y la recuperación desigual tienen su reflejo en el nivel de desempleo del país. En 2020, la tasa de desempleo se disparó a 18.5%, mientras que en 2021 se redujo hasta un 11.3%, lejos todavía del 7.1% de 2019 y del 6% de 2018.
La caída de la tasa de desempleo del último año se debe en parte a una reducción de la población económicamente activa, un reflejo del deterioro del mercado laboral. La cifra oficial de desocupados es de más de 222,000, superior a los 146,111 que se registraban en 2019.
El CNC señala en su análisis que “en el mercado laboral persisten los problemas estructurales y los desequilibrios entre la oferta y la demanda laboral que la pandemia profundizó y dejó en mayor evidencia”, y apunta que “deben aplicarse los correctivos, a través de la política pública, para fortalecer el capital humano, que es la principal riqueza de las economías”.
El consultor René Quevedo, especialista en el mercado laboral, dijo ayer a este diario que los “416 mil beneficiarios del Vale Digital son prueba de la crisis laboral que enfrenta el país. Por otro lado, el hecho de que el año pasado el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral haya tramitado 40% menos contratos laborales que en el 2019 y que en enero-febrero de 2022 ese porcentaje haya aumentado a 47% en comparación al periodo enero-febrero de 2019, es indicio de que la crisis laboral se está agravando”.
El analista señala que para crear empleo formal se debe atraer inversión, una variable ligada a la confianza y al consumo. “No habrá inversión sin confianza, ni rentabilización de esta sin consumo. La generación y sostenibilidad de los empleos dependerá de la capacidad para crear demanda interna”, puntualizó.
Una de las medidas que propone Quevedo para revertir la situación es inyectar liquidez a la economía a través de los pagos pendientes a proveedores por parte del Gobierno y simplificando los trámites para el financiamiento comercial.

Finanzas públicas
La contracción de la economía en 2020 provocó una fuerte caída en los ingresos públicos, mientras que el Gobierno mantuvo un ritmo elevado de gasto, presionado por mayores desembolsos ligados a la pandemia, los subsidios y la planilla estatal.
Esa ecuación inevitablemente se tradujo en un aumento sustancial del déficit fiscal y de la deuda pública. El aumento del saldo de la deuda se combinó con la contracción del PIB, teniendo como resultado que la relación entre deuda y PIB pasó entre 2019 y 2020 de un 46.3% a un 68.5%.
En 2021, el saldo de la deuda siguió creciendo y superó por primera vez los $40,000 millones, pero el repunte de la economía sirvió para rebajar la carga de la deuda a un 63.7% del PIB, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Pese a la reducción, la brecha entre 2019 y 2021 es todavía de 17 puntos porcentuales.
El Gobierno, a través de una modificada Ley de Responsabilidad Social Fiscal, se ha marcado una senda de reducción del déficit fiscal, cuyos topes se van achicando para pasar del 10.5% de 2020 a un 1.5% de 2025 en adelante.
La reducción de la relación entre deuda y PIB de los próximos años dependerá del desempeño de la economía y de qué tanto se apegue el Gobierno a ese plan de disciplina fiscal.
Carlos Morales, director del equipo de soberanos de Fitch Ratings, dijo a este diario que en sus análisis no esperan que la relación entre deuda y PIB regrese a los niveles prepandemia en el corto plazo.
“Lo que sí vemos es que el Gobierno detuvo la tendencia ascendente de la deuda y nuestro escenario base es que la deuda va a bajar durante los próximos años, eso si el Gobierno es capaz de mantener la política de reducir el déficit conforme a la regla fiscal”, apuntó.
El analista dijo que el aumento de la deuda de 2020, provocado por el mayor déficit y el deterioro del PIB, se reflejó en la rebaja de calificación que se hizo en 2021, de BBB a BBB-.
Hacia adelante, la agencia indicó que ya no se espera un mayor deterioro, sino cierta estabilización. Por eso, en la última acción de calificación del pasado mes de enero, mantuvo la nota de riesgo en BBB-, pero cambió la perspectiva de negativa a estable.

