El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja en la etapa final de la reglamentación de la Ley 129, que crea un registro privado de beneficiarios finales.
La norma fue aprobada en marzo de 2020 y recientemente modificada por la Ley 254, que introdujo adecuaciones al régimen de prevención de blanqueo de capitales y en materia de transparencia fiscal internacional.
La secretaria técnica de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales (CNCB), Isabel Vecchio, dijo ayer que han mantenido comunicación con los agentes residentes, que son quienes eventualmente tendrán que cargar la información en el registro, para explicarles las fases que se van a ir llevando. “Esperamos que en los próximos meses podamos no solo hacer la publicación de la reglamentación, que ya está bastante avanzada, sino iniciar con la primera fase de la población del registro”, sostuvo Vecchio en una conferencia virtual con motivo de la reunión mensual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
La creación de registros de beneficiarios finales se ha convertido en una tendencia internacional y pronto podría ser considerado un estándar del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Su importancia radica en que son herramientas efectivas para conocer quiénes son las personas que están detrás de sociedades y estructuras jurídicas, información que puede ser valiosa para prevenir y perseguir la comisión de delitos como el blanqueo de capitales.
Precisamente una de las tareas pendientes de Panamá para salir de las listas es tener acceso de manera oportuna a información actualizada sobre los beneficiarios finales de entidades y estructuras jurídicas.
En su última evaluación, que fue en octubre, el GAFI instó a Panamá a completar el plan de acción pactado en 2019 para el mes de febrero de 2022 y advirtió al país que de no observar suficiente nivel de avance podría pasar de la lista gris a la negra.
Consultada durante la conferencia, Vecchio negó que la presencia del país en distintas listas internacionales sea consecuencia de un ataque a Panamá. Explicó que las recomendaciones son internacionales y que cada país escoge cómo cumplir y luego el organismo evalúa la efectividad.
