INDUSTRIA MARÍTIMA

Ley y huelgas amenazan competitividad de puertos

Ley y huelgas amenazan competitividad de puertos
El puerto MIT, en el Atlántico, es la terminal de trasbordo de contenedores más grande de la costa este del continente. Archivo

El sector portuario representa el segundo negocio marítimo más importante de Panamá, después del Canal, con una generación de aproximadamente 10 mil empleos.

La actividad ha logrado un dinamismo en la economía desde que se dieron las primeras concesiones, a finales de la década de 1990.

Sin embargo, en los últimos años, las operaciones portuarias se han interrumpido por reclamos laborales de los trabajadores. Ahora se trata de aprobar una ley que establecería un salario mínimo para los portuarios, paralelo a lo que establecen las normas laborales.

Estos dos elementos ponen en riesgo la competitividad de Panamá en los servicios portuarios que se prestan, advierten los empresarios.

A través del proyecto de ley 94, que impulsa el diputado de Colón, Jairo Salazar, la Asamblea aprobó el pasado miércoles, en segundo debate, un salario mínimo fijo para los trabajadores portuarios.

Durante la discusión en el pleno legislativo, Salazar defendió el ajuste de 4.15 dólares por hora a cada trabajador en cada puerto, lo cual -según él- mejorará sus condiciones de vida.

Lo aprobado en el pleno sorprendió al sector marítimo, porque es completamente distinto a lo que se había consensuado en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, que discutió y aprobó el proyecto de ley en primer debate.

“Nos causó sorpresa lo que se ha discutido esta semana, porque nunca se habló de números. En la Comisión de Trabajo se dijo que eso lo regulará la ley, como está actualmente establecido”, señaló el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Nicolás Vukelja.

Pese a que el proyecto original, que se presentó en 2019, proponía un salario mínimo de 5.25 dólares por hora para los trabajadores portuarios, luego de las consultas y el debate en la comisión legislativa se aprobó que la tarifa del salario de los trabajadores de la empresa administradora del puerto o sus contratistas, “será ajustada de conformidad con lo dispuesto en la tarifa del salario mínimo por actividad y región”.

Ahora, Salazar habla de una tarifa mínima única, sin reparar en las zonas y en las actividades en las que se desempeñe cada trabajador.

Otros empresarios consideraron como poco serio que se haya llamado a los representantes de las empresas para participar en la discusión del primer debate de este proyecto de ley y luego se cambia completamente lo que se había consensuado.

Los empresarios dijeron que están de acuerdo con aplicar lo que señalan las regulaciones laborales y las convenciones colectivas, pero no este tipo de regulación única para todos los trabajadores.

“Este tipo de regulaciones [como la ley que se quiere aprobar en la Asamblea] afectaría las operaciones de los actuales puertos concesionados, los que están en construcción y los que están por desarrollar en el Pacífico y el Atlántico”, agregó Vukelja.

Acuerdo laboral

Justo ayer los trabajadores del puerto de Manzanillo International Terminal (MIT) alcanzaron un acuerdo y firmaron la nueva convención colectiva con la empresa para los próximos cuatro años, con lo cual se frenó el llamado a huelga que habían anunciado.

El aumento salarial acordado en la nueva convención colectiva será de 4% para el primer año; 4% en el segundo; 3.8% en el tercero, y 3.8% en el cuarto año de vigencia, informó el Sindicato Industrial Portuario y Afines de Panamá (Sipap).

La organización consideró como “histórico” el acuerdo, porque es la primera vez que en MIT se suscribe un aumento salarial en porcentajes y no en cantidad de dinero.

Los expertos coinciden que para sacarle provecho a todas las ventajas que tiene Panamá con su posición geográfica, además del Canal, los puertos y un ferrocarril que conecta los dos océanos, se necesita ofrecer servicios ininterrumpidos con una mano de obra calificada y eficiente.

“Las huelgas y amenazas de huelga impactan seriamente la competitividad del trasbordo de contenedores, el segundo negocio marítimo más importante de Panamá, que ante la mínima amenaza de huelga empieza a buscar otros puertos en Colombia y México. El Gobierno debe legislar para incluir a los puertos como servicio público de seguridad nacional, como los aeropuertos, y establecer el arbitraje obligatorio ante cualquier conato de paro o huelga”, reiteró el experto en logística, Rommel Troetsch.

Sería algo similar a lo que ha regido en el Canal de Panamá desde que los panameños asumieron la administración de la vía, en el año 2000, para garantizar el servicio sin ningún tipo de interrupción.

El reglamento de administración de personal de la entidad canalera establece que está considerado una falta promover o participar en huelgas, trabajo a desgano o cualquier otra suspensión de labores no autorizada por la Autoridad.

Ello ha garantizado que el servicio del Canal sea ininterrumpido y todos los conflictos laborales sean atendidos en la unidad correspondiente o, en última instancia, ante la junta de relaciones laborales.

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