La liquidez del sistema financiero, el acceso al crédito para los pequeños empresarios y los proyectos bajo asociación público privada serán la clave para la reconstrucción económica de la región y Panamá.
Estas son prioridades urgentes para la marroquí Sanaa Abouzaid, nombrada hace tres semanas gerente regional para la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), brazo de inversión privada del Banco Mundial.
Su rol será protagónico en este lado del mundo. Desde el centro regional de la IFC, ubicado en Panamá, Abouzaid administrará las operaciones del organismo para Centroamérica, cuya actividad tiene como foco fortalecer los sistemas financieros de los países, expandir el acceso financiero para pequeñas y medianas empresas y mujeres emprendedoras, así como abordar necesidades críticas de infraestructura.
Abouzaid, confinada en Estados Unidos a razón de la pandemia de la Covid-19, habló con este diario sobre la mirada de la multilateral y hacia dónde irán enfocados sus financiaciones, que incluyen un paquete mundial de $8,000 millones.
“Centroamérica es una región vital para el organismo. Hay muchos desafíos de igualdad económica y, en esto, el sector privado tendrá un papel importante”, sentenció.
La IFC, por su lado, tiene como enfoque acortar el tiempo en el proceso de recuperación, tratando de dar liquidez a las compañías para que puedan sobrevivir a la crisis.
La nueva cara del organismo
Sanaa Abouzaid inició su carrera en IFC hace 17 años, trabajando con clientes en distintas regiones, incluida América Latina y el Caribe, en materia de Gobierno Corporativo.
Ha liderado iniciativas globales como el Manual de Gobierno de Negocios Familiares de IFC. Tiene una maestría en Finanzas e Inversiones de la Universidad de George Washington y una licenciatura en Finanzas y Contabilidad del Instituto Superior de Comercio y Administración de Empresas en Casablanca, Marruecos.
Abouzaid reveló que la IFC habla en estos momentos con cinco grandes bancos de la zona, incluyendo una entidad panameña, para ver qué capital de trabajo necesitan y que este sea utilizado como inyección de liquidez a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
“La mayoría de nuestro paquete está destinado al sector financiero” como el vehículo que distribuirá los fondos. “Lo más importante es mantener la liquidez para que no se pierdan empleos”, dijo Abouzaid.
Sus palabras llevan implícita la alerta que ha dado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que pronostica que este año cerrarán 2.7 millones de empresas en la región, agobiadas por problemas de vieja data, como el bajo acceso al crédito y la falta de tecnología, debilidades que se han agudizado con la Covid-19.
La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, dijo que el cierre de las empresas implicaría la pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo formales.
Cifras del programa Global para el Financiamiento del Comercio
$627 millones destinados a Centroamérica, casi el 50% del volumen total de la región.
$380 millones fueron destinados a proyectos para exportaciones.
$244 millones orientados a planes que implicaban la importación de bienes o servicios.
En medio de la pandemia, el valor de las Pymes se ha visibilizado. Emplean a más del 80% de la mano de obra en la región, por lo que su supervivencia será vital en la estructura empresarial.
Con más subsidios, periodos de gracia en el pago de sus obligaciones y préstamos con interés más bajos para aplacar el tsunami que se les viene encima, las pequeñas empresas también tendrán el desafío de ver cómo se reconvierten frente a las reglas que impondrá un mundo con Covid-19 .
En lo que llaman el “día siguiente”, les tocará analizar la relevancia de su servicio, la competencia y las nuevas necesidades de los consumidores, dijo Abouzaid.
El portafolio de la IFC en Centroamérica a finales de enero 2020 alcanzó aproximadamente $2,900 millones, incluyendo $1,700 millones de cuenta propia y $1,200 millones movilizados, principalmente en el sector financiero y proyectos de infraestructura.
En lo que respecta a la Covid-19, el organismo ya ha otorgado casi $400 millones.
Para Panamá, Abouzaid observa gran potencial en inversiones bajo la ley de Asociación Público Privada (APP) ante la paralización de la economía y la caída dramática de los ingresos fiscales.
En términos legales, el país cuenta con una ley recientemente aprobada que crea el vehículo legal para optar por dicho modelo de inversión.
La cartera de la IFC en Panamá
El 66.4% de la cartera de IFC en Panamá está vinculada a proyectos de infraestructura, como el financiamiento a la expansión del Canal por $270 millones y el proyecto eólico en Penonomé, por $246.8 millones, entre otros.
La cartera restante, el 33.6%, está enfocado en instituciones financieras, siendo Banco General el principal cliente, con $200 millones.
A finales del 2019, desembolsaron un préstamo por $150 millones a Banco General, para respaldar préstamos hipotecarios dirigidos a familias panameñas de bajos y medianos ingresos. Además, aprobaron un préstamo por $50 millones para promover el financiamiento de productos climáticos, como edificios verdes y proyectos de energía solar.
Que la IFC tenga esa observación implica que atraería y participaría en la financiación que necesitan las empresas interesadas en los megaproyectos.
El gobierno panameño, en voz del presidente Laurentino Cortizo, ha dicho que el país espera desarrollar proyectos por un valor de $5,000 millones bajo asociación público privada.
Además de la ayuda inmediata que se prestará en el marco de la respuesta a la Covid-19 para promover el financiamiento al comercio, capital de trabajo y sobre todo a micro, pequeñas y medianas empresas, en adelante habrá un enfoque importante en el desarrollo de proyectos bajo el modelo de APP en materia de energía y transporte, que atiendan el crecimiento urbano que está experimentando el país, dijo el organismo.
Los bancos de la plaza, que son el vehículo que proporciona los fondos, han dicho que necesitan que las contrataciones estatales se hagan, ahora más que nunca, bajo estrictos criterios de transparencia.
Dicho esto, solo así se podrá atraer la inversión que necesita el país, y que a su vez depende del acceso al crédito por parte de la banca.