La reactivación de la economía debe ser propiciada a través un ecosistema integrado por gobierno, regulador, banca y clientes, cada uno cumpliendo su rol, señaló Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), en un conversatorio con medios de comunicación celebrado ayer.
La ejecutiva dijo que en la parte de políticas públicas hacia el sector financiero, se requieren dos pilares principalmente: por un lado un fondo de liquidez, que daría tranquilidad y estabilidad al sistema, y por otro la creación de mecanismos para promover un mayor dinamismo del crédito.
El Gobierno trabaja ya en un fondo de liquidez de $1,000 millones, fondos que llegarán a partir de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, del Grupo Banco Mundial.
Estos recursos, como ha comentado anteriormente la Superintendencia de Bancos de Panamá, solamente se podrían utilizar para responder ante problemas puntuales de liquidez de alguna entidad. No servirán ni para rescatar bancos con problemas de solvencia, ni como capital de trabajo para incentivar el crédito.
En segundo lugar, y teniendo en cuenta que Panamá no cuenta con un banco central, según Sentmat de Grimaldo se deben establecer mecanismos para la consecución de fondos para la reactivación económica, a través de programas de financiamiento o de garantías gubernamentales.
Cartera modificada de créditos
997,869 préstamos han modificado 39 bancos de la plaza, según cifras de la Superintendencia de Bancos.
$25,431 millones es el saldo de los préstamos modificados que equivale al 45.6% de toda la cartera local al sector privado.
Con este tipo de programas se propiciaría un mayor dinamismo en la concesión de préstamos en estos momentos de crisis.
La incertidumbre causada por la pandemia ha elevado el riesgo de crédito de muchos negocios. Por eso, tanto la banca como el regulador son partidarios de la creación de un programa de garantías estatales. Así, la banca podría prestar a negocios con mayor facilidad, ya que de otra forma el elevado riesgo de algunas empresas no les haría susceptibles para recibir préstamos, limitando la capacidad de recuperación de la economía.
El regulador, por su parte, debe acompañar con una regulación dinámica y flexible, entendiendo que el nivel de riesgo de los clientes aumentó. Sentmat dijo que la ABP ha entregado al regulador solicitudes de enmiendas a ciertos acuerdos regulatorios. “La regulación tienen que acompañar esta nueva realidad del sistema bancario, y en eso estamos trabajando”, sostuvo.
La banca tendría el rol de prestar teniendo en cuenta todos estos factores, mientras que los clientes, tanto empresas como personas, tendrían la responsabilidad de seguir haciendo el pago de sus préstamos en la medida que sea posible. Estos recursos, a su vez, son necesarios para que los bancos cumplan sus obligaciones con depositantes, empleados y proveedores.
Moratoria
Sentmat de Grimaldo recordó que el próximo 1 de julio empezarán a vencer las moratorias automáticas concedidas a los clientes desde el pasado mes de abril y que en el nuevo periodo, que podrá extenderse hasta diciembre, la prórroga no será automática, por lo que los clientes deben comunicarse con sus entidades bancarias para que se evalúe cada caso y se encuentre una solución.
Si el plazo de la moratoria original vence y el cliente no ha contactado a su banco, lo más probable es que se pueda extender el periodo por un mes más, pero en última instancia, si no se renueva la moratoria o se encuentra otra facilidad, los bancos volverían a incluir los recargos que se dejaron de cobrar durante la moratoria. Por eso, desde la banca piden “no postergar esa conversación con el banco”. Las personas que sigan con su contrato suspendido, sin ingresos o con un salario reducido, así como las compañías que sigan estando afectadas en su actividad, podrán extender la moratoria por un plazo de hasta seis meses. En algunos casos, comentó Sentmat de Grimaldo, en lugar de ampliar la moratoria sería más recomendable refinanciar el crédito, aunque esa será parte de la conversación de deberían tener bancos y clientes.
Hasta el 3 de junio, según cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá, 39 bancos de la plaza han modificado 997,869 préstamos, con un saldo acumulado de $25,431 millones, cifra que equivale al 45.6% de toda la cartera local al sector privado.