La eventual inclusión de Panamá en la lista de la Unión Europea (UE) de países que no combaten el lavado de activos, sería un factor negativo para todo el sistema financiero desde el punto de vista del riesgo crediticio, pero especialmente para la banca offshore, que atiende a clientes no residentes en Panamá.
Así lo señala un análisis reciente de la calificadora de riesgo Moody’s a consecuencia del anuncio de la lista europea.
La banca panameña con operaciones locales se fondea principalmente de depósitos locales de clientes y de fondos institucionales.
Por su parte, clientes extranjeros proveen fondos a los bancos que solo tienen operaciones internacionales, lo que les hace más susceptibles al riesgo de refinanciamiento o de tener que pagar un precio más alto por los fondos que captan.
El factor de riesgo podría venir por las líneas de corresponsalía, especialmente en la relación con bancos europeos.
Según Moody’s, la inclusión en la lista elevará el escrutinio sobre los bancos en todas sus actividades y en sus relaciones con instituciones financieras internacionales. Esto tendría como consecuencia un aumento en los costos operativos y podría reducir la rentabilidad.
La agencia recuerda que dada la condición de economía completamente dolarizada, las relaciones de los bancos con sus corresponsales son esenciales para un adecuado funcionamiento del sistema bancario y cualquier deterioro en estas relaciones limitaría el negocio bancario. En casos extremos, “los bancos corresponsales podrían terminar sus relaciones con bancos panameños”, señala el reporte.
La lista de la Unión Europea tomó como referencia la lista de países con deficiencias para combatir el blanqueo de capitales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en la que Panamá ingresó nuevamente en junio de 2019.
Al contrario de lo que sucedió en 2014, cuando la entrada del país en la lista sancionatoria supuso la pérdida de corresponsalías bancarias, el fenómeno no se repitió tras la inclusión de 2019, debido principalmente a los avances que había registrado el sector financiero en el fortalecimiento del marco legal para prevenir el blanqueo de activos.
Así lo señala también Moody’s en su nuevo análisis: por muchos años, y particularmente desde la publicación del caso ligado al bufete de abogados Mossack Fonseca, “las autoridades locales han trabajado con autoridades internacionales para establecer un marco regulatorio y operativo más transparente”.
Mientras, el Gobierno panameño ha dicho que seguirá reforzando las leyes y los estándares regulatorios para mejorar la reputación, uno de los aspectos que se afecta nuevamente al ser mencionado el país en una relación de territorios con debilidad para combatir el lavado de capitales.
El proceso
La lista de la Unión Europea aún debe ser ratificada por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo.
Una propuesta similar de la Comisión Europea de febrero de 2019 no fue avalada por las otras instancias y no llegó a tener efecto, en medio de cuestionamientos por la metodología empleada y el rechazo de Estados Unidos, ya que cuatro de sus territorios fueron listados en aquel momento. En la nueva propuesta de la Comisión Europea no figuran ni los territorios de Estados Unidos ni Arabia Saudí.
Sí se incorporarían a la lista de jurisdicciones de alto riesgo para el blanqueo de capitales Panamá, Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Birmania, Nicaragua y Zimbabwe.
El Gobierno de Panamá rechazó la lista e inició gestiones con los embajadores panameños en países del viejo continente y con el propio Parlamento Europeo para que la nueva propuesta de la Comisión sea objetada nuevamente. Debido a la crisis del coronavirus, la lista no tendría efecto hasta octubre de 2020.