Uno de los desafíos que afronta la Superintendencia de Sujetos No Financieros es lograr un alcance sobre todo el universo de empresas y profesionales que están bajo su paraguas de supervisión.
Esta Superintendencia fue creada a través de la Ley 124 de 2020 y es la heredera de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, unidad que estaba adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.
Según la Ley, los regulados son empresas de la construcción, contratistas, de transporte de valores, casas de empeño, compraventa de autos, empresas de la Zona Libre de Colón, casinos, empresas promotoras y agentes inmobiliarios, así como abogados que se dediquen a determinadas actividades, entre las que se encuentran la compraventa de inmuebles, la administración de dinero y valores bursátiles o la creación, administración o compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas, entre otros.
Ayer, en un webinar de actualización a miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, el superintendente de Sujetos No Financieros, Víctor Delgado, recordó que los sujetos obligados deben registrarse en la Superintendencia.
Actualmente hay alrededor de 9,000 sujetos registrados, una cifra que es dinámica, según Delgado. “Somos conscientes de que tenemos que lograr un mayor alcance”, dijo el funcionario, aunque no se precisó cuál sería el universo total de las entidades a supervisar.
La tarea es más complicada que para otros supervisores ya que la Superintendencia de Sujetos No Financieros no es el regulador primario de las empresa y profesionales a los que supervisa. Sí lo es, por poner un ejemplo, la Superintendencia de Bancos, que es la entidad que concede licencias a los bancos para operar.
La implementación de un sistema efectivo de prevención de blanqueo de capitales en el sector no financiero es uno de los desafíos de Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en la que figura el país desde junio de 2019.
Delgado destacó el importante rol que tienen en esa cadena los sujetos obligados para evitar que sus negocios, que los productos o servicios que comercializan, sean utilizados para la comisión de delitos.
En ese sentido, una de las tareas de los sujetos obligados es conocer los riesgos a los que puede estar expuesto su negocio, así como los clientes y los beneficiarios finales de estos.
En el foro se le preguntó a Delgado sobre la creación de un registro único y privado de beneficiarios finales, que fue aprobado por ley en marzo de 2020 pero aún no se ha creado como tal.
Contestó que el MEF está coordinando la estrategia al respecto. Delgado recordó que más allá de la herramienta, ya es obligatorio disponer de la información del beneficiario final por parte de los sujetos obligados. Apuntó que en la medida que cada sujeto obligado aborde la identificación del beneficiario final y conozca bien a sus clientes, podrá migrar con facilidad la información a un sistema de registro, mientras que si no existen los procesos para tener debidamente identificado al beneficiario final, no se estaría cumpliendo la efectividad que se requiere.
En la última evaluación de Panamá, el GAFI instó a las autoridades panameñas a tomar acciones urgentes para completar el plan de acción y abordar las deficiencias en el sistema de prevención de blanqueo de capitales.
