Cuatro alternativas serán planteadas por la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) en un diálogo con el presidente de la República, Laurentino Cortizo, para tratar el problema de liquidez que afronta el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de donde salen los fondos para el pago de las jubilaciones de 283 mil personas.
La paralización de la economía como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus ha reducido notablemente la generación de ingresos en la entidad.
Hasta abril, la recaudación generada por la cuota obrero-patronal estaba $267.3 millones por debajo de lo presupuestado.
La administración de la CSS no ha revelado el comportamiento de los ingresos hasta mayo, información que brindará más claridad sobre la situación actual del programa y la premura para tomar decisiones.
En mayo, la administración de la CSS planteó que los escenarios de necesidades de fondos para pagar las pensiones de este año variaban entre $540 millones y $1,100 millones.
Tanto César Tribaldos, empresario y exmiembro de la junta directiva de la CSS, como el actuario Dino Mon, consideran que el escenario de una necesidad de $1,100 millones sería poco realista. A su juicio, los requerimientos serían menores.
En la tesitura de obtener nuevos fondos, la administración planteó como posible alternativa la venta de las reservas de la Caja para obtener liquidez, propuesta que fue rechazada por la junta directiva.
Miguel Ángel Edwards, presidente de la junta directiva de la CSS, comentó a este diario que en una próxima reunión con el Ejecutivo, que aún no ha sido agendada, plantearán como posibles salidas un aporte extraordinario por parte del Estado; el uso de un fideicomiso que la CSS tiene en el Banco Nacional de Panamá (BNP); aprovechar la capacidad del subsistema mixto para adquirir títulos del programa de beneficio definido, que es el que está en problemas, y la integración de los subsistemas mixto y de beneficio definido.
La solución del aporte del Estado podría resolver el problema puntual de liquidez de la CSS, pero pondría presión adicional sobre unas maltrechas finanzas públicas, afectadas también por la pandemia. Solo entre marzo, abril y mayo, los ingresos corrientes del Gobierno Central cayeron $881.5 millones con respecto a la programación presupuestaria, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En uno de los escenarios que maneja el MEF, el déficit fiscal del Gobierno Central podría llegar este año a $5,713 millones, un 8.8% del producto interno bruto (PIB). El déficit se financia contratando deuda, que este año se elevará, mientras que las calificadoras Fitch Ratings y S&P Global Ratings ya pasaron este año a negativa la perspectiva de la calificación de riesgo de Panamá.
Otra opción sería el uso de un fondo fiduciario que la CSS tiene en BNP y que se alimenta con aportes del Estado. Para que se puedan utilizar esos fondos, la Junta Técnica Actuarial debe certificar al BNP los déficits de los años 2018 y 2019. Antes, la junta directiva de la CSS tiene que entregar a la Junta Técnica Actuarial los informes financieros no auditados de 2019 y copia de la corrida actuarial interna de la CSS, apuntó Tribaldos.
Así, se podrían solicitar $297.8 millones del fondo fiduciario, correspondientes a los déficits generados en 2018 y 2019, fondos que ayudarían a cubrir el déficit de este año.
Además, según comentaron Mon y Tribaldos, se podría solicitar al Programa de Administración un aporte del 75% del superávit registrado el último año.
“En el último año, el superávit de ese programa fue de $88 millones, de manera que se podrían solicitar $66 millones, que se sumarían a los $297.8 millones”, calculó Tribaldos.
La tercera alternativa a discutir sería el uso de la capacidad que tiene el subsistema mixto para inyectar liquidez al subsistema de beneficio definido. Así, por ejemplo, se podrían comprar bonos del programa de beneficio definido con depósitos del subsistema mixto que tengan su vencimiento este año. Esos depósitos se realizarían, inyectando así liquidez al IVM. En contrapartida, esos recursos saldrían del sistema bancario nacional.
La integración
Edwards dijo que también se someterá a discusión la propuesta de integrar los subsistemas mixto y de beneficio definido.
Con la Ley 51 de 2005 se crearon dos sistemas de pensiones: el subsistema de beneficio definido o solidario, donde quedarían los cotizantes que en ese momento tenían más de 35 años de edad, y el subsistema mixto, en el que entraron las personas de menos de 35 años, así como los nuevos cotizantes.
De esta manera, el programa de beneficio definido no recibe a los nuevos cotizantes, pero sí debe pagar todas las jubilaciones.
La integración de los sistemas, es decir, volver al esquema anterior a 2005, fue planteada por la administración de la CSS.
Consultado sobre el respaldo de la junta directiva a esta opción, Edwards, que representa a los trabajadores, dijo que al menos contaría con el aval de los sectores laborales que están representados en la junta directiva. “No se ha tomado ninguna decisión. Lo que se ha aprobado es discutir con el presidente estas alternativas. Eso no lo vamos a resolver solo los miembros de la junta directiva. En un tema tan sensible no debe estar fuera el Ejecutivo”, planteó Edwards.
La unificación de los sistema requeriría una reforma a la Ley Orgánica de la CSS y tendría un carácter más estructural. El presidente Cortizo ha señalado que convocará a un diálogo nacional para buscar soluciones al problema de la CSS.
Varios expertos en sistemas de pensiones han advertido de que la integración de los sistemas no resolvería a largo plazo el problema de sostenibilidad del IVM.
Tribaldos añadió que esa alternativa sería “patear la bola para que el próximo gobierno tenga que enfrentar el problema” y que en un periodo de cinco a siete años el problema sería mucho más grave.
Con menores índices de natalidad y mayor expectativa de vida, con el tiempo, no habría suficientes cotizantes para costear las jubilaciones. “Con la demografía actual, cuando se hace una corrida, uno se da cuenta de que ese sistema no es factible”, apuntó Tribaldos.