La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings señaló en un comunicado emitido ayer que “mejorar la credibilidad de la política fiscal es particularmente importante para la calificación de riesgo de Panamá en ausencia de una política monetaria independiente”.
El comentario surge después de la aprobación en la Asamblea Nacional de la reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para elevar los límites de déficit fiscal permitidos para 2020 y los próximos ejercicios.
Así, para este año el límite queda en un rango entre 9% y 10.5%; para 2021 se reduce a un rango entre 7% y 7.5%; en 2022, el límite será de 4%; en 2023, de 3%; en 2024, de 2% y de 2025 en adelante de 1.5%.
Los aumentos de déficit son consecuencia del “inevitable impacto fiscal” provocado por la pandemia, pero la agencia también recuerda que se trata del tercer ajuste al alza de los techos de déficit en los tres últimos años, y que en la última década se han ido posponiendo los objetivos de consolidación fiscal, lo que ha pesado en la credibilidad de las políticas.
Como consecuencia de los aumentos de déficit de los últimos años, en 2019 se superó el 40% en la relación entre la deuda neta y el producto interno bruto (PIB), un umbral que la Ley de Responsabilidad Social Fiscal recomienda no sobrepasar.
Para este año, la agencia pronostica un déficit fiscal de 9.5% del PIB, en línea con el 9.3% de promedio que se espera para la región de América Latina por una fuerte disminución de los ingresos públicos provocada por las medidas de distanciamiento social y cierre de las actividades económicas.
Como consecuencia de mayores déficits se debilitarán las métricas de deuda pública. Para este año, la agencia pronostica que la deuda bruta del gobierno general estará cerca del 60% desde un 46.4% en 2019.
La trayectoria de la deuda seguirá en ascenso en los siguientes dos años dado el mayor espacio para el déficit, pero a un ritmo menor, precisa la agencia.
Luego de una contracción de la economía de 9% este año, se espera un repunte de 4% en 2021 por el impulso de un año entero de producción de la mina de cobre en Colón y de proyectos de infraestructura pública. Mientras, el aumento del desempleo podría extender la caída del comercio al por menor y afectar la recuperación de los ingresos fiscales del Gobierno.