Las empresas supervisadas por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros que no han presentado el formulario de evaluación extra situ, un documento que contiene información para la prevención del blanqueo de capitales, se exponen a ser amonestadas o sancionadas por el ente regulador.
La Intendencia, creada por la Ley 23 de 2015, tiene bajo su paraguas la supervisión de 12 mil sujetos obligados no financieros de sectores tan diversos como bienes raíces, construcción, firmas de abogados, empresas de zonas francas, transporte de valores, casinos y venta de autos, entre otros.
Estas compañías deben remitir un formulario al regulador para facilitar la supervisión. Luego de varios llamados de la Intendencia, un 70% de los regulados han remitido el formulario. El 30% restante —unas 4 mil 800— se expone a una amonestación o a sanciones económicas por incumplir la ley.
La Intendencia está facultada para imponer sanciones disciplinarias y financieras con multas de $5 mil a $1 millón, pero la intención primera del regulador es amonestar a las compañías para que se pongan al día.
Carlamara Sánchez, intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, dijo que en términos generales el nivel de respuesta de las empresas ha sido positivo.
Estos formularios suponen una primera fase de la supervisión extra situ (sin inspección presencial) y posteriormente habría un requerimiento de información periódica para saber cuál es el comportamiento que tienen las empresas en materia de prevención, apuntó.
Ayer, durante la conferencia titulada “Reformando el cumplimiento del marco regulatorio de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”, Sánchez dijo que la Intendencia ha efectuado 132 supervisiones, principalmente a firmas de abogados, zonas francas, casinos y casas de remesas, algunos de los sectores con mayor riesgo para el lavado de activos.
El mayor número de casos, que además son los que tienen un mayor nivel de avance, corresponde al sector de abogados, dijo Sánchez sin revelar mayores detalles sobre los procesos. “Hemos encontrado algunos incumplimientos que tienen que ver con la identificación del cliente y del beneficiario final”, dijo Sánchez. En otros casos se ha detectado que las empresas requieren planes de acción para mejorar sus procesos.
Cuando haya sanciones en firme serán publicadas, pero hasta el momento no se ha llegado a ese punto, porque las sanciones están en distintos niveles de reconsideración.
Desde 2015 Panamá reforzó la legislación y la supervisión de sectores no financieros, entre ellos las firmas de abogados, que han sido objeto de diversas investigaciones periodísticas internacionales por haber sido supuestamente utilizadas para la evasión de impuestos y el lavado de activos.
Sánchez recordó que el uso de acciones al portador se ha limitado, que las sociedades que operan fuera de Panamá ahora están obligadas a llevar registros contables, y que se han iniciado procesos de disolución de sociedades inactivas. “Así se van a sanear las sociedades que no están siendo operativas y lograr un mayor control”, puntualizó.