La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha impuesto 156 multas a agentes económicos por errores en el historial de crédito de clientes.
El monto de las multas alcanzó los $232 mil 100 entre enero y la segunda semana de agosto, según un informe en que retrata los reclamos de los consumidores.
Sobre los bancos recae la mayor cantidad de sanciones, en parte, porque son los que mayor cantidad y montos de financiamientos otorgan.
Las multas a estos agentes económicos totalizan $87 mil 500. A ellos le siguen las financieras con multas por $43 mil; cooperativas, por $26 mil 600; las agencias de cobro, con multas por $18 mil 700 y mueblerías, con $11 mil, entre otros agentes económicos como telefonía, funerarias, servicios públicos y televisión por cable.
APC
Estos reclamos son interpuestos por los consumidores a través del Departamento de Investigaciones de la Acodeco encargado de velar por el cumplimiento de la Ley 24 de 2002 sobre las opciones crediticias de los consumidores.
La Acodeco también señala que de las 357 quejas procesadas hasta el mes de junio, 90 tienen que ver con la no eliminación de las deudas por prescripción; 86 casos por rectificación del historial y 65 están relacionadas con la inclusión de un historial que no corresponde al cliente.
Los consumidores alegan que ocurre que justo antes de que se acerque el período de prescripción de una deuda (que toma unos siete años para que se depure definitivamente), el agente económico hace un simulacro de pago a la cuenta para darle movilidad y hacer que el historial se mantenga activo en la plataforma de la Asociación Panameña de Crédito (APC).
En la plataforma de la APC hay 5 millones de referencias activas, de este total, 4.8 millones se encuentran actualizadas, según la entidad.
Iniciativa sobre la mesa
El pasado 25 de julio fue presentada ante el pleno de la Asamblea Nacional una propuesta de ley para disminuir el periodo de prescripción del historial de crédito de los consumidores en la plataforma de la APC, de siete años a tres años contados a partir del último pago efectuado.
Para la APC, mantener la información por siete años ha garantizado que los agentes económicos puedan otorgar a la población panameña facilidades de crédito y financiamiento con plazos más largos y tasas de interés más bajas.