En abril de 2011, la administración de Ricardo Martinelli, todavía aliado con el actual presidente Juan Carlos Varela, excluyó a Tocumen, S.A., la Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (ENA) y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) del sector público no financiero.
El sector público no financiero está formado por las entidades del Gobierno Central y las instituciones descentralizadas y es el que se toma como referencia para calcular la deuda pública del Estado.
Con esta maniobra, las deudas que asumieran las tres empresas dejarían de sumarse a las del resto del sector público, quedando, por tanto, fuera de los parámetros de control de déficit y gasto público que marca la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Al tener ingresos propios, las empresas tienen capacidad para asumir sus propios compromisos sin necesitar el respaldo del Estado.
Aunque sobre el papel no tienen garantía de la República, se trata de empresas cuya propiedad pertenece al 100% al Estado panameño.
Organismos internacionales no han cuestionado el modelo, pero sí solicitaban que los compromisos de estas compañías se registraran y computaran como deuda contingente, algo que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas desde el año pasado.
Los reportes de la Dirección de Financiamiento Público dan cuenta de cómo ha ido creciendo el endeudamiento contingente. Además de las empresas públicas excluidas del sector público, en el reporte se incluyen también los compromisos de municipios, fundaciones y empresas mixtas que tienen algún tipo de aval por por parte del Estado.
Al 31 de octubre de este año, los pasivos contingentes ascendían a $2 mil 304 millones, cifra que supera en un 29.9% a los mil 774 millones de dólares registrados en diciembre de 2015.
El grueso de la deuda está concentrado en dos empresas: Tocumen, S.A. y ENA.
En estos años, Tocumen, S.A. ha efectuado dos emisiones de bonos para costear la construcción de la nueva terminal 2 y otros proyectos. La primera emisión, de $650 millones, se colocó en 2013. Este año, la empresa salió nuevamente a los mercados con una emisión de $575 millones.
ENA, por su parte, ha hecho emisiones de deuda para financiar la compra de los corredores y la extensión del corredor Norte hasta la 24 de Diciembre.
En total, el saldo pendiente de pago de ENA en sus tres emisiones se acerca a los $950 millones.
Por su parte, la deuda de Etesa es relativamente pequeña comparada con las otras dos empresas excluidas del sector público ($44.73 millones), pero podría aumentar si se concretan los planes de hacer una emisión de deuda para sufragar inversiones.
Para el economista Felipe Chapman, estas deudas se deberían incluir en el cálculo de endeudamiento neto del Estado, que toma en cuenta la deuda del sector público no financiero ($21 mil 411 millones al 31 de octubre) y le resta los activos del Fondo de Ahorro de Panamá (mil 454.9 millones de dólares al cierre del tercer trimestre).
Por su parte, el economista Carlos Araúz dijo que la práctica de endeudar a empresas públicas “tiende a crear confusión sobre el verdadero apalancamiento financiero del Estado”.
En el caso de ENA, Araúz recordó que la promesa del endeudamiento era que los corredores serían gratis para los usuarios en poco tiempo, algo que “es un imposible con la carga de deuda de ENA. Es más, no descartaría que ambas sociedades [ENA y Tocumen] aumenten peajes o impuestos para poder continuar sirviendo sus deudas”.