Un millón 771 mil 950 dólares han impuesto las autoridades de regulación desde que se comenzó a monitorear el cumplimiento del programa de control de precios y márgenes de comercialización en 22 productos de la canasta básica de alimentos.
Del 14 de julio de 2014 hasta el 31 de enero pasado, inspectores de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) verificaron 60 mil 535 establecimientos comerciales, de los cuales 9 mil 787 comercios tenían anomalías en el desempeño de esta iniciativa, que es una de las banderas sociales de este gobierno, con el fin de abaratar el precio de alimentos de primera necesidad.
Las estadísticas de la entidad fiscalizadora detallan que en el primer mes de este 2017 se ha verificado a mil 240 comercios por el tema de control de precios, de los cuales 160 negocios registraron irregularidades, que fueron sancionadas con 24 mil 825 dólares.
Mientras que en el aspecto de márgenes de comercialización, se visitaron 588 locales comerciales, de los cuales 34 registraron anomalías, imponiendo multas por 9 mil 300 dólares.
Es decir, que en enero se realizaron mil 828 inspecciones a los negocios que venden productos de la canasta alimenticia y se impusieron sanciones económicas por 34 mil 125 dólares.
El Decreto Ejecutivo No. 165 de 1 de julio de 2014, que establece temporalmente los precios máximos de venta al por menor de 22 productos de la canasta básica familiar de alimentos, se ha extendido por cuatro ocasiones, lo que ha traído el malestar de la clase empresarial, de productores y consumidores, al alegar que esta regulación afecta sus márgenes de ganancia, genera una escasez en la producción nacional y porque ha encarecido el costo de otros productos alimenticios.
De hecho, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá—que congrega a mil 859 empresas miembros— ha sido uno de los gremios que ha criticado esta regulación, porque no tiene cabida en un modelo económico como el que tiene el país, de libre oferta y demanda.
Varios gremios también han demandado la eliminación de esta iniciativa, ya que los factores que incentivaron la puesta en marcha de esta medida se han modificado, como es el caso de los niveles de inflación, que en ese momento rondaban el 4.5% y actualmente se encuentran en 1.6%.
“Lamentamos que la decisión haya sido extender esta medida, que debió ser eliminada, pues además de ser contraria a la libre empresa, es innecesaria”, recalcó recientemente Jorge García Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, tras reafirmar que el país mantiene una inflación baja.
Aunado a que los precios de la canasta básica se mantienen bajos, proporcionalmente, con los bajos precios de productos como azúcar, granos, entre otros; así como del petróleo, añadió García Icaza.
El Ejecutivo argumenta que la iniciativa se mantiene por ser una promesa de campaña de la administración Varela, porque su aplicación ha propiciado un ahorro y a su vez ha evitado la tendencia al alza desproporcionada.
Al clamor de los comerciantes, se unen también los productores, que admiten que tienen que vender sus productos por debajo del costo de producción, lo que les acarrea pérdidas. Mientras que los consumidores opinan que la medida ha generado el incremento de precios de los productos que están fuera de esta regulación.
Frente a los elevados costos de producción y la escasez de productos, el Gobierno ha tenido incluso que hacer ajustes en los precios de algunos productos regulados, a través de los últimos decretos que ha emitido, donde ha decidido extender la medida por seis meses más.
La última extensión de esta iniciativa se hizo hasta julio, por medio del Decreto Ejecutivo No. 13 de 6 de enero de 2017.