La fallida implementación de un sistema de servicio de programación de tránsito y gestión de recursos marítimos ha puesto los ojos de la Fiscalía Anticorrupción sobre el Canal de Panamá.
El Ministerio Público inició una investigación de oficio por la posible comisión del delito de peculado en perjuicio de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), luego de haberse publicado en redes sociales información sobre la contratación de un programa tecnológico que habría requerido 14 millones de dólares y la existencia de presuntas irregularidades en la puesta en marcha del mismo.
La administración de la ACP ha guardado silencio respecto a este tema, en parte porque hay una investigación judicial en curso, pero este diario ha podido conocer acerca de los tropiezos y también de los aciertos que han antecedido la investigación que ahora se anuncia.
En marzo de 2017 se firmó uno de los contratos que formó parte del llamado Programa de Renovación de Procesos y Sistemas Medulares (Renova), un plan global de modernización tecnológica al que le apostó la ACP a raíz de la ampliación de la vía acuática, la puesta en marcha del tercer juego de esclusas, el arribo de más carga y la llegada de los buques neopanamax.
En ese contexto, la ACP contrató a la holandesa Quintiq, una empresa propiedad de Dassault Systemes, que se especializa en ofrecer programas de planificación y optimización de la cadena de suministro a las industrias marítima, de transporte y logística.
A Quintiq se le compraría, por cerca de 8 millones de dólares, una plataforma que prometía mejorar las capacidades del negocio que maneja la ACP y la calidad de información utilizada para planificar, programar, asignar y despachar los recursos utilizados en el aprovisionamiento y entrega de los servicios marítimos.
Se trataba de una plataforma tecnológica con la que se pretendía, a través del uso de algoritmos y modelos avanzados, reducir los tiempos de espera de los barcos en las aguas de la vía acuática y optimizar costos.
A punta de tecnología, calibrar con precisión la asignación de asistentes de cubierta (pasacables) o pilotos, por citar algunos ejemplos.
Antes de elegir a Quintiq, la ACP ( en ese momento bajo la administración de Jorge Luis Quijano) habría hecho un estudio de mercado sobre quiénes en el mundo tenían una plataforma que pudiese brindar lo que el Canal necesitaba.
Se habrían examinado varias alternativas, haciendo pruebas de conceptos y resultando, entre los finalistas, empresas como Paragon, One Network, ESRI, SAAB, Vissim, Oracle y Microsoft. Pero finalmente, la ACP se decantó por Quintiq, dada la complejidad de los procesos de la ruta acuática.
La modalidad utilizada para formalizar los servicios de Quintiq fue la llamada contratación por marca, que según reglamenta la ACP, es la figura a la que se acude cuando se necesita solicitar una marca, fabricante específico o suplidor porque, según un informe técnico fundado, no hay sustituto adecuado.
El problema de la contratación habría venido en el proceso de implementación de la plataforma, para lo cual se acudió a The Logic Factory, un socio certificado de Quintiq, que inició en el proyecto con la ACP en 2018, según su página web.
Ab Ovo, que ofrece soluciones de planificación y optimización de la cadena de suministro, también habría sido llamada por la ACP para ayudar en la implementación del programa, según fuentes consultadas en este tema.
Al menos tres contratos se habrían requerido para poner a prueba el proyecto de tecnología, sin contar las horas hombres que trabajaron los empleados de la ACP para la implementación del mismo, que es lo que finalmente daría como resultado el gasto de 14 millones de dólares.
Las demoras y los tropiezos en la implementación de la plataforma fueron la constante. Fue así como la ACP habría acudido directamente a Quintiq para que hiciera pruebas y tomara las riendas de la implementación del proyecto.
Dichas pruebas habrían finalizado en octubre de 2019, sin que por ahora se conozcan los resultados finales.
Este diario intentó conocer por parte de la ACP si se había podido implementar finalmente parte del proyecto; si el Canal habría pedido a la empresa que les compense debido a los problemas en la implementación del proyecto, y cuánto se había desembolsado por los mencionados trabajos.
Por otro lado, también se intentó conocer si los contratos se mantienen abiertos para seguir adelante con posibles reclamaciones legales por falta de cumplimiento con lo ofertado a la ACP, tanto con la plataforma como su implementación, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta a estas interrogantes.
Se conoció que, en este caso, el fiscalizador general del Canal, Antonio Domínguez, quien responde directamente a la junta directiva y no a la administración del Canal, habría dado los resultados de las auditorías internas de este caso. Domínguez tiene la facultad de investigar denuncias y recurrir a las autoridades competentes cuando el caso lo amerite.
En adición, la directiva de la ACP ha contratado los servicios de auditores externos para profundizar las investigaciones.
Por este caso se contactó al exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano, quien se desempeñó en el cargo desde 2012 hasta 2019.
Quijano reconoció que el proceso de implementación de la plataforma fue complicado, pero “nunca se le dejó de exigir a los contratistas para que entregaran justamente lo que se les había solicitado”. Recordó que en situaciones de este tipo, el Canal tiene la facultad de reclamar si el contratista no cumple, como se hizo en otros proyectos, saliendo favorecida la empresa estatal panameña.
“Estoy totalmente de acuerdo de que se investigue y se exija resarcir total o parcialmente al Canal. Que investiguen todo y espero las disculpas al final del proceso por tratar de empañar al Canal y los que allí laboramos con honestidad”, dijo Quijano.
El exadministrador, ahora jubilado, agregó: “manejamos mas de $5,600 millones en la ampliación sin ningún acto de corrupción. Y además, durante ese mismo periodo, manejamos otros $2,600 millones en otros contratos no relacionados con la ampliación, también de manera transparente, cumpliendo siempre con todo lo que indica la ley y los reglamentos de la ACP”.
Quintiq era un componente de todo un proceso de renovación tecnológica de los sistemas de la ACP, que empezó en 2013 y bajo el cual se logró la implementación de 10 programas, como el de reservaciones de tránsitos, facturación, respaldo financiero y arqueo de buques, entre otros.
Todos estos programas formaron parte de las dos primeras fase del proceso de renovación. La tercera etapa sería la puesta en marcha de Quintiq, que empezó en el año fiscal 2017 y terminaría en el año fiscal 2021.
Ayer, la Fiscalía Anticorrupción de Atención Primaria solicitó a la ACP copia de los contratos suscritos en el caso que se investiga.